1. Reformar el mercado eléctrico, aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas, para acabar con los beneficios caídos del cielo.
2. Ajustar la retribución del transporte y la distribución eléctrica, de acuerdo con los recientes informes del organismo regulador.
3. Reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, reduciendo los pagos por capacidad que reciben determinadas centrales solo por estar disponibles, modificando el servicio de interrumpibilidad que lo dote de utilidad y acerque a sus homólogos europeos.
4. Modificar los requisitos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.
5. Recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas, permitiendo que los usos del agua operen en favor del interés general, facilitando una transición hacia un modelo 100% renovable.
6. Reformar el bono social eléctrico y crear un bono social gasista, para que en ambos casos a) su solicitud sea automática; b) el único criterio de adjudicación sea la renta del hogar; c) sea suficientemente progresivo como para garantizar que cualquier hogar tiene acceso a un suministro esencial; d) que todas las empresas de los sectores correspondientes, incluyendo todos los segmentos del mismo, asuman su coste proporcionalmente a su volumen de facturación; e) se reduzca el IVA de la electricidad a los consumidores vulnerables.
7. Imponer nuevas obligaciones a las empresas eléctricas para facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras, a través de modificaciones normativas a la Ley 24/2013 de 26 de Diciembre del Sector Eléctrico y al Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre.
8. Apoyar reformas normativas que elimine las trabas al autoconsumo en nuestro país, que derogue el nefasto Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre de autoconsumo de energía eléctrica.
9. Desarrollar los certificados de ahorro energéticos para que las empresas puedan descontarse dichas cantidades de la cantidad que les corresponda aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, cantidades que actualmente se están repercutiendo en factura a las personas consumidoras.
10. Implantar un plan público para fomentar la eficiencia energética y promover techos solares.
11. Introducir modificaciones en la normativa encaminadas al aumento de control y lucha contra la corrupción, que impidan las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas.
12. Realizar una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico nacional, que determine los costes reales de producción de la electricidad con cada tecnología así como los costes asociados a los servicios de transporte y distribución, así como una auditoría específica del déficit de tarifa.
13. Realizar una reforma de calado que permita alcanzar un sistema fiscal que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética. Dicha reforma deberá buscar incrementar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con la media europea, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal.
