Carlos Villarroya es Jefe del Área de Dominio Público Hidráulico del Ministerio de Medio Ambiente, que tiene las competencias de la gestión del agua en España. "Esa relación de presas no se conoce en el Ministerio, aunque en la actualidad estamos adaptando a un sistema de información geográfica todas las presas existentes, donde aparecerán las que disponen de aprovechamiento hidroeléctrico", asegura Villarroya, un hombre que conoce como pocos cuál es el régimen concesional de este tipo de instalaciones. No en vano, por sus manos han pasado, desde 1986, todos los expedientes de aprovechamientos hidroeléctricos con potencias superiores a 5 MW, y ha coordinado también los de menor potencia.
Cuando esos aprovechamientos hidroeléctricos se apoyan en infraestructuras construidas con aportación económica del Estado, como son las presas de embalses o los canales, requieren una adjudicación previa mediante un concurso. Por Decreto de 18 de junio de 1943 se dictaron las normas para la adjudicación de los saltos de pie de presa. En su artículo primero se decía que "tan pronto sean conocidas las características hidráulicas de un aprovechamiento hidroeléctrico de posible utilización en las presas de embalse o canales de conducción de aguas, ejecutados total o parcialmente con fondos del Estado, el Ministerio de Obras Públicas anunciará concurso público…". No había ningún tipo de excepciones.
El artículo 132 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, de 1986, indica que "cuando exista la posibilidad de utilizar con fines hidroeléctricos presas de embalse o canales, construidos total o parcialmente con fondos del Estado o propios del organismo de cuenca, podrá sacarse a concurso público la explotación de dicho aprovechamiento". O podrá no sacarse, claro.
Sólo las rentables
"La Administración–asegura Carlos Villarroya– saca a concurso los aprovechamientos que considera más rentables. Para el resto de presas espera que asociaciones, empresas o particulares tomen esa iniciativa y nos pidan que las saquemos a concurso". Y añade que un requerimiento de APPA en este sentido podría hacer que la Administración convocara más concursos.
En este punto, no parece fácil saber qué fue antes, si el huevo o la gallina. APPA reclama que el Ministerio de Medio Ambiente saque a concurso la explotación minihidráulica de 173 presas que aparecen en un listado "desaparecido". Y el Ministerio está esperando que APPA le haga una señal y le indique dónde estarían interesados en instalar alguna central. "Nosotros no tenemos esa relación –insiste Carlos Villarroya–, no la conocemos, pero si alguien nos la hace llegar no habría inconveniente en mirar una por una".
Unos y otros reconocen que es probable que parte de esas 173 presas no interesen a ninguna empresa porque las condiciones impuestas por la evaluación de impacto ambiental y los diversos cánones que hay que pagar por aprovechamiento del agua y por la energía producida no compensen las inversiones exigidas. "En España no se hace minihidráulica porque no es rentable –afirma un resignado González Vélez–. Los costes sociales, políticos y económicos no compensan en absoluto el esfuerzo que hay que hacer para poner en marcha una central minihidráulica de 1.000 kW, entre otras cosas porque ese esfuerzo es similar al que exige un parque eólico de 30 MW".
Pero el presidente de los hidráulicos de APPA insiste en que "no sirve de nada decir que empresas o particulares pueden solicitar que determinadas presas salgan a concurso porque es la Administración la que tiene facultades para dar concesiones en los ríos, a menos que se trate de tramos libres, donde sí podríamos intervenir. Lo que echamos en falta es una clara voluntad política para ofrecer nuevos recursos a los promotores minihidráulicos". Para González Vélez, la prueba evidente de lo que dice es que a lo largo del 2001 no ha salido ni una sola presa a concurso. "Y para darle cierto ritmo al sector deberían sacarse a razón de tres por trimestre".
Todas las presas que construye la Administración –actualmente sería el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas– tienen por objeto el abastecimiento de la población, el riego o la regulación para la prevención de avenidas e inundaciones. "Y es importante respetar el régimen para el que están construidas ya que la producción de energía hidroeléctrica se considera como subproducto en estos casos", señala Villarroya.
Tramitaciones muy lentas
Otra de las críticas más habituales que los promotores minihidráulicos hacen a la Administración es la lentitud para resolver los concursos y tramitar los expedientes de concesión. Villarroya se defiende alegando que la lentitud no es precisamente del Ministerio de Medio Ambiente, o no toda. "viene impuesta, en la mayoría de los casos, por deficiencias en la redacción de los proyectos, malos estudios de rentabilidad económica y escasez de datos en hidrología y cálculos de producciones que suelen ser muy heterogéneos, por lo que hay que homogenizar".
En la actualidad cada vez que se saca a información pública una iniciativa de este tipo son muchas las alegaciones de asociaciones ecologistas o de las propias comunidades autónomas incidiendo en problemas ambientales "que hay que estudiar con lupa porque proteger el medio ambiente es justamente uno de los cometidos de nuestro Ministerio", afirma Carlos Villarroya. Para construir una minicentral hidráulica no es preciso realizar un estudio de impacto ambiental, aunque en algunas comunidades autónomas como Castilla y León sí es obligatorio. No ocurre lo mismo con la construcción de la presa; a partir de una cierta capacidad del embalse es obligatorio en toda España.
En cada una de las Confederaciones Hidrográficas hay una dirección técnica, que se ocupa de las obras, y una comisaría de aguas, que es la encargada de la gestión. La comisaría es la que tramita las solicitudes y los concursos de las minicentrales y si se trata de instalaciones de más de 5 MW son enviadas al Ministerio de Medio Ambiente que es el que debe resolver.
Lo que parece claro es que esos trámites más o menos largos, unido a una dudosa rentabilidad, están abocando a la minihidráulica a una cierta marginalidad entre las renovables. Según APPA, con impactos ambientales mínimos aún se podrían poner en explotación 450 MW en España. Cumplir con las previsiones del Plan de Fomento de las Energías Renovables exigirá llegar a los 700 MW. Y para eso es importante saber lo que puede dar de sí este listado de 173 presas –o las que sean– que parece no existir pero que todos tienen en mente.
| Situación, por Confederaciones Hidrográficas, de posibles aprovechamientos hidroeléctricos en infraestructuras del Estado. C.H. del Norte Fuente: Ministerio de Medio Ambiente |
