El PSOE ha rechazado la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Congreso para examinar la legalidad de las concesiones y comprobar si han existido irregularidades en su gestión. La diputada socialista Esther Padilla ha animado a la diputada de la CUP Mireia Vehí, proponente de la iniciativa a discusión en el Pleno del Congreso, a llevar a los tribunales sus sospechas. Vehí, por su parte, ha lamentado que el PSOE se negara a investigar en el Congreso las posibles "malas prácticas de las eléctricas" y ha defendido analizar si hay concesiones que superan los 75 años que la Ley de Patrimonio marca como límite máximo para estas explotaciones y, por tanto, se explotan de forma ilegal. La diputada de la CUP ha defendido el paso a la gestión pública de todas las instalaciones cuyas concesiones vayan caducando.
Padilla (PSOE) ha reconocido que la ley ya recoge esa posibilidad, pero ha apostado por estudiar las "circunstancias" de cada central. Una postura similar a la planteada por el diputado popular José Alberto Herrero Bono, que ha señalado que la vía pública "no es la única solución porque las centrales necesitan inversiones e incluso hay centrales revertidas que los nuevos gestores no han sido capaces de poner en marcha", una situación también advertida por el PNV.
Por su parte, Unidas Podemos y otros socios del Gobierno (Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, Compromís y el BNG) han defendido la gestión pública de las centrales hidroeléctricas a medida que vayan caducando sus concesiones, mientras que el PSOE y el PP han señalado que se trata de una posibilidad legal, pero no la única, y han pedido tener en cuenta las circunstancias particulares de cada instalación. Unidas Podemos ha recordado que las grandes eléctricas gestionan el 96% de las presas.
La formación morada y Esquerra Republicana, EH-Bildu, Junts, Compromís y el BNG han defendido la reversión por cuestiones de carácter medioambiental, frente al interés económico de las empresas, pero también para propiciar precios de la electricidad menores, ya que pese a que el bombeo que permite la generación tiene un coste operativo de unos 3-4 euros el megavatio hora, según cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en el mercado mayorista alcanzan actualmente retribuciones que superan los 200 euros.
