Las organizaciones firmantes han enviado su propuesta de subastas al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. En ella reclaman una periodicidad anual para las subastas como consecuencia de un proceso de planificación energética a medio y largo plazo a nivel nacional, en el que deberían estar definidos los objetivos de energía producida y el futuro reparto de tecnologías en base a la necesidad de cumplir los objetivos europeos y el acuerdo de París.
Asimismo, el sistema de licitación deberá ser sencillo, competitivo y cumplir las recomendaciones de la Comisión Europea en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020.
Las asociaciones exigen, además, que el producto subastado debe ser la energía que se compromete a generar el solicitante, y el criterio de elección será el precio ofertado por producir esa energía. Al adjudicarse cada oferta al precio con el que se ha licitado, se evitarán las distorsiones producidas por el diseño marginalista.
Consideran, por otro lado, que la recuperación de la seguridad jurídica y la garantía de una retribución estable a las inversiones realizadas en proyectos anteriores son elementos imprescindibles para que se produzcan las condiciones adecuadas que garanticen el correcto desarrollo del sector.
Ejecución de los proyectos
En lo que respecta a la ejecución de los proyectos una vez licitados, el sector pide que los mecanismos de apoyo sean flexibles, incluyéndose los contratos de adquisición de energía a largo plazo (PPA).
Además, solicitan que se incluyan complementos para apoyar las plantas de menor tamaño y que los proyectos promovidos por la ciudadanía tengan acceso a sistemas de apoyo a las energías renovables alternativos a las subastas. En la misma línea, ponen de manifiesto la necesidad de realizar convocatorias y licitaciones específicas para proyectos pequeños.
Asimismo, el sector propone que el periodo de oferta para los proyectos sea de 20 años, siendo flexible este tiempo en función de la tecnología. Pasado ese tiempo, las plantas podrían acogerse a la última subasta realizada para esa tecnología por periodos mínimos de 5 años.
Otro requisito debe ser que los proyectos a licitar deben disponer de tramitaciones previas y avales como garantía de ejecución. Se podrán establecer penalizaciones graduales por incumplimiento de la fecha de puesta en marcha, salvo por motivos ajenos al promotor.
Por cumplir con Bruselas
Las 13 organizaciones que firman el documento creen, por otra parte, que las próximas subastas anunciadas por el Gobierno obedecen al posible incumplimiento de los objetivos europeos para 2020.
El Ejecutivo tiene previsto realizar antes de fin de año una subasta para la construcción de hasta 1.000 MW de generación eléctrica renovable en todo el país. Estudia, asimismo, subastar otros 1.000 MW a comienzos de 2017 y, en función de la demanda, podría convocar un tercer concurso a mediados del próximo año.
Firman el documento:
• Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier)
• Amigos de la Tierra
• Asociación de Profesionales de Energías Renovables en Catalunya (Aperca)
• Asociación Empresarial de Energías Renovables y Ahorro Energético de la Región de Murcia (Aremur)
• Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar)
• Asociación Valenciana de Empresas del Sector de la Energía (Avaese)
• Clúster Andaluz de Energías Renovables
• Clúster de la Energía de Extremadura
• Fundación Renovables
• Greenpeace
• Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME)
• Unión Española Fotovoltaica (UNEF)
• WWF
