La Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha calificado de “claro atentado contra el sector solar fotovoltaico y la economía y política energética sostenible” el recorte de horas con derecho a tarifa. Para AEF, las medidas anunciadas son claramente retroactivas, se han dictado sin tener en cuenta ni a la industria, ni a los inversores ni a la banca, y conducirán inexorablemente a una situación concursal a la gran mayoría de las instalaciones fotovoltaicas españolas.
Según AEF se pone en peligro no solo las inversiones de quienes decidieron colocar una parte de sus ahorros en huertas solares, sino también la supervivencia del sector fotovoltaico, todo lo cual provocará impagos de deuda y, con ello, que los bancos aumenten su cartera de deuda no recuperable. La asociación ha efectuado un “llamamiento urgente” al Congreso de los Diputados, desde la esperanza de que el poder legislativo pueda “corregir el dislate y el desequilibrio planteados por el Ministerio de Industria con un Real Decreto-Ley que ofrece notables lagunas técnicas y legales”.
Para la Asociación de la Industria Solar Fotovoltaica (ASIF), la decisión del Consejo de Ministros supone un “gravísimo quebranto a la FV y a la credibilidad de España” y demuestra sin ninguna duda que “el gobierno renuncia a su apuesta solar”. Por ello, ASIF asegura que recurrirá a los tribunales. Su argumento es que “los ingresos de una instalación solar son, básicamente, el producto de multiplicar la tarifa fijada por el Gobierno por sus horas de operación. Cualquier alteración de estos dos factores supone un cambio en la rentabilidad final de dicha instalación”.
Para ASIF “el gobierno ha ratificado su abandono de la apuesta solar, de la que había hecho bandera el mismo presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero. Ya no cabe ninguna duda sobre la hipócrita incoherencia entre el discurso favorable a la energía solar del gobierno y la realidad de sus actos”, afirma la asociación fotovoltaica.
La Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) recuerda que es la cuarta legislación en cuatro años, y que en la última, la de hoy, el gobierno “introduce medidas de carácter retroactivo que afectan a la viabilidad de los proyectos existentes, modificando sus ingresos. En vez de hacer cumplir las leyes existentes, persiguiendo el fraude o ejecutando avales, se opta desde el Ministerio por legislar de manera retroactiva para afectar a todas las instalaciones”.
APPA ha anunciado que denunciará ante los tribunales todas las medidas retroactivas recogidas en la nueva regulación así como el incumplimiento de la directiva europea de renovables. El argumento es que “la última legislación aprobada por el Ministerio de Industria ataca directamente no a las nuevas instalaciones, cuyo desarrollo ya se ha paralizado casi de forma completa, sino a las ya existentes. En un ejercicio de clara retroactividad regulatoria se pretende recortar los ingresos de las plantas en funcionamiento, comprometiendo claramente su viabilidad económica y llevando directamente a la ruina a miles de inversores de este país”.
