El ejercicio 2022, en lo energético, ha resultado, ciertamente, atribulado. La ofensiva de Rusia sobre Ucrania ha evidenciado que la energía es la base del progreso y del bienestar social. Europa siempre caminó con los pies de barro de la dependencia energética, poniendo a sus ciudadanos en manos de la voluntad de países poco fiables, porque el modelo parecía resultar interesante para algunas élites de un lado y del otro del negocio, por lo que contaba con las bendiciones de quienes administran nuestros destinos.
El fantasma de la escasez de energía ha disparado la inflación y tensionado la viabilidad económica de empresas y familias. Los precios del gas, el petróleo y la electricidad se han desbocado y con ellos, como era previsible, los costes de producción y manutención. Los españoles se han familiarizado con algunas dinámicas del sector energético y, sobre todo, con los precios, emergiendo el precio del MWh como una nueva “prima de riesgo” que nos atormenta cada mañana.
En esencia, dependemos y dependeremos en el corto y en el medio plazo del gas que nos suministran países terceros. Y nuestro sistema eléctrico articula un mecanismo que contagia los elevados precios del gas a los del suministro eléctrico. Es justo reconocer que nuestro Gobierno no se ha cruzado de brazos, que ha articulado infinidad de medidas para paliar las consecuencias de este calvario geopolítico. Pero también asistimos a un triste espectáculo europeo: el statu quo energético se resiste a reformar un mercado marginalista obsoleto que saca interesantes réditos del modelo fósil y su distorsión en los mercados electrificados.
Frente a ello: más renovables, más socialización de la generación y mejores regulaciones, valientes y más alejadas de las influencias interesadas de los monopolios del sector energético. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha continuado con sus convocatorias de subastas, con el objetivo de captar MW de diferentes tecnologías renovables que se comprometan a suministrar energía a un precio reducido durante 12 años. El contexto revela que, con una perspectiva de precios altos en el medio plazo y con unos precios de reserva demasiado ajustados, las empresas no hayan acudido como lo hacían anteriormente, sin que esto vaya a condicionar los objetivos de penetración de renovables. Sencillamente demuestra que los proyectos esperan retornos más interesantes en el mercado o a través de acuerdo bilaterales.
A los pequeños proyectos, por costes de economías de escala, se le habría de mejorar el precio de reserva, que habría de ser conocido de antemano, para evitar los inconvenientes de gestión y presentación de garantías para participar en estas subastas si dicho precio no es atractivo. Con los precios que se dieron en la última subasta para pequeñas instalaciones, de haberse conocido el precio de reserva y mejorado algunos euros, dado que los costes de instalación se han elevado sensiblemente en este ejercicio, pensamos que hubiera tenido una aceptación mucho mayor.
Pero el problema “estrella” del año es la ausencia de puntos de evacuación, un nudo que habría de resolverse con urgencia porque impide el acceso a proyectos de pequeño y mediano tamaño, los óptimos a nuestro criterio, porque pertenecen a pymes y ciudadanos de las comarcas y dejan allí la riqueza, y porque no tienen impactos medioambientales o paisajísticos aberrantes.
La normativa de autoconsumos evoluciona a paso de tortuga y las gestiones técnico–administrativas son una verdadera yincana, es increíble que, teniendo sol, territorio, redes y ciudadanos con voluntad de implantar fotovoltaica, nos encontremos con tantas barreras y trabas. Es preciso dinamizar el autoconsumos, las comunidades energéticas y los pequeños proyectos sociales para venta de energía a red.
El debate sobre el despliegue de renovables en nuestro país debió ser abordado desde todas las administraciones, desde todas las competencias y perspectivas, y con las organizaciones empresariales de pymes y las asociaciones sociales. Se trata de un sector trascendental para la economía, la competitividad, la sostenibilidad de los entornos y el bienestar social.
Anpier es la asociación que representa el modelo social de generación fotovoltaica, cuyas bondades son evidentes, tan evidentes que nos sorprende que no se esté incentivando. Con instalaciones de menos de 5 MW obtenemos ventajas: técnicas, territoriales, medioambientales, paisajísticas, económicas y geopolíticas.
Y, sobre todo, recordemos que la fotovoltaica es ese gran regalo que nos va a permitir seguir contando con la energía necesaria para avanzar en prosperidad sin destrozar nuestra casa común; pero el camino para madurar esta forma de producir energía ha sido largo y duro, en este país fue realizado por 65.000 familias valientes que destinaron sus ahorros e hipotecaron sus casas en una inversión ética, cuyos frutos están ahora siendo disfrutados por la sociedad.
No habrá transición energética justa si no se reconoce esta labor y se compensa a este colectivo por los draconianos recortes retroactivos que han soportado. Es bochornoso ver cómo los tribunales arbitrales internacionales exigen al Estado español que reparen el daño causado a los inversores foráneos, mientras que no hay avance para los nacionales, a pesar de ser un compromiso de este Gobierno. La injusticia es tan grande y el colectivo es tan numeroso, que jamás será posible silenciar esta ignominia. En este 2023 elevaremos aún más la voz del colectivo de familias que ayudó a su país y al planeta; pero fue traicionado por quienes le pidieron este trascendental esfuerzo.
• Esta columna de Opinión está incluida en el Anuario 2022 de Energías Renovables en papel, que puedes descargar gratis en formato PDF aquí
