Quiere con ello Anpier resaltar la seguridad jurídica como un valor irrenunciable, al que no solo tenemos derecho sino también, y muy principalmente, el deber de proteger como uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema democrático.
Tener que plantear a estas alturas este derecho en España resulta, cuando menos, difícil de asumir para quienes pensamos que derechos como el indicado serán protegidos de forma contundente, sin necesidad de exigirlos, por nuestros tribunales de justicia cuando alguno de ellos es puesto en cuestión. Comprobar que no es así y que, por el contrario, su vulneración es ignorada por aquellos que representan el último valladar contra las veleidades de los gobiernos es un duro golpe para quienes en la justicia tenemos puestas nuestra confianza ciega.
Decir, como se ha dicho, que lo que por una ley se aprueba por otra ley se modifica –faltaría más que ya se saltasen este básico principio del derecho– es algo por todos admitido, siempre y cuando, claro es, tal cambio tenga en cuenta los perjuicios que la misma pudiera causar a quienes estaban sometidos a la anterior regulación, estableciendo para ello las compensaciones pertinentes a que las modificaciones introducidas dieran lugar. Justificar, como complemento de lo anterior, que los afectados por un cambio regulatorio debieran haber tenido en cuenta los riesgos que un sistema regulado conlleva es un escarnio hecho de forma inmisericorde a quienes nada han podido negociar, ni antes ni después de los cambios realizados, y sí confiar en lo que el Gobierno les dijo a través del Boletín Oficial del Estado.
¿Que opinarían quienes tales afirmaciones han hecho si mañana, Dios no lo quiera, un gobierno aprobase –por ley, naturalmente– que los jueces dejasen de tener el régimen funcionarial del que actualmente gozan para integrarse en el régimen laboral general? Naturalmente, a los actuales funcionarios les diría ese gobierno: no se preocupen, que su contrato tendrá la consideración de fijo e indefinido y si, en un momento dado, fuesen despedidos y el mismo fuese considerado improcedente se les indemnizará de acuerdo a lo establecido en la correspondiente legislación laboral. Decirles que siempre hay que tener en cuenta que las cosas no son inmutables y pueden cambiarse con el tiempo sería una ofensa de tal calibre que difícilmente podemos imaginar y que, afortunadamente, no se va a producir, pues nuestro Estado no ha llegado a tal descomposición ni nuestros gobiernos a pensar en realizar tales arbitrariedades.
Entonces, ¿por qué el eslogan elegido por Anpier en los actos anteriormente citados? Pues muy sencillo, porque el colectivo que tal Asociación defiende, más de sesenta mil familias españolas, que allá por los años 2007-2008 confiaron en el Gobierno español y metieron sus ahorros en instalaciones fotovoltaicas que nuestro país necesitaba para poder cumplir los requisitos exigidos por la Unión Europea de que en el año 2020 el veinte por ciento de nuestra energía fuese de origen renovable, una vez hechas sus inversiones, los sucesivos gobiernos les fueron cambiando las condiciones iniciales, modificando hasta nueve veces la normativa a ellos aplicable, produciéndoles unos perjuicios que en muchos casos les ha llevado a perder toda su inversión y en los más extremos a perder también los bienes familiares con los que habían avalado las mismas.
Para más escarnio, mientras las familias españolas ven cerradas todas las puertas de quienes pensaban les defenderían de las arbitrariedades del gobierno, observan, con la lógica envidia, cómo los tribunales de arbitraje internacionales dan la razón a los inversores extranjeros con importantes indemnizaciones, compensaciones que a los españoles les son negadas en su propio país y ello a pesar de que el Defensor del Pueblo clama en el desierto diciendo que los españoles deben recibir el mismo trato que a los extranjeros se les reconozca.
Últimamente los grandes ejecutivos de las empresas del oligopolio eléctrico español, después de despreciar durante muchos años, cuando no desprestigiar, la posibilidad de generar electricidad por medio de paneles fotovoltaicos, están anunciando la construcción de gigantescos parques solares, con el ánimo, una vez más, de seguir acaparando en exclusiva la generación de tal energía. Naturalmente, ahora reclaman la seguridad jurídica que durante tantos años se negó a aquellos pioneros que hicieron posible el desarrollo de una tecnología que hoy ya es presente y que indudablemente será muy en breve un espléndido futuro. Alegarán, para justificarlo, que sin tal seguridad será imposible contar con las inversiones necesarias para abordar con éxito la imprescindible transición energética. Bienvenidos al club de los defensores de que no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del partido, aunque ahora, faltaría más, lo exigirán pero solo para ellos y a partir de este momento, mientras a los demás, pensarán, les está bien lo que les ha pasado por meterse en un corral que consideraban era exclusivamente suyo.
