La propuesta del Ministerio que dirige Luis Planas dice que no podrán autorizarse en suelo rústico instalaciones de generación de energías renovables que consistan en plantas o parques industriales y sus infraestructuras auxiliares, como la fotovoltaica y eólica entre otras, en aquellos terrenos "sobre los que se hayan desarrollado zonas regables (...) declaradas de interés general del Estado y que hayan contado con inversiones públicas". Dicha prohibición -explicita el Ministerio- tendrá una vigencia "de cincuenta años a contar desde la entrega de la obra o la puesta en explotación de las infraestructuras". Tampoco podrán autorizarase en "zonas regables declaradas de interés general del Estado donde no se hayan realizado inversiones públicas, pero estén previstas a través de un Plan General de Transformación".
La propuesta de regulación ha sido rechazada "frontalmente" por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que ha difundido hoy un comunicado en el que alerta sobre lo "inapropiado" de la misma y en el que plantea como alternativa que la Administración estudie cada proyecto "atendiendo a sus particularidades en vez de caer en generalizaciones normativas que comprometen seriamente el éxito de la transición energética y de sus oportunidades: generación de empleo de calidad, reindustrialización, atracción de nuevo tejido empresarial y protección contra la emergencia climática". En ese comunicado, la asociación empresarial recuerda por otra parte que, "en nuestro país, el despliegue de energía solar se realiza siguiendo una reglamentación ambiental exhaustiva a través de las Declaraciones de Impacto Ambiental".
Además, UNEF destaca otros dos elementos sustantivos en este asunto: "esta propuesta normativa -alerta- compromete la libertad de elección de los agricultores respecto al libre uso de sus propiedades", pero es que, además, "en muchos casos", la sustitución de actividades intensivas en regadío por proyectos de energía solar podría suponer "un balón de oxígeno en lugares de fuerte presión sobre los recursos hídricos, como el Mar Menor o Doñana".
En todo caso -matizan desde la Asociación-, la mayoría de los proyectos de energía actuales se desarrollan "en zonas de secano con bajo valor agrícola debido a la existencia de terreno disponible para ambas actividades que, además, pueden ser perfectamente complementarias".
Rafael Benjumea, presidente de UNEF: "el sector fotovoltaico nacional rechaza frontalmente esta normativa de cariz anti renovable. Desde UNEF consideramos que el camino adecuado es seguir trabajando para el que el proceso de Declaración de Impacto Ambiental que tienen que superar todos los proyectos de energía solar en suelo sea lo más riguroso posible, adecuado y adaptado a cada proyecto, en el que se cuente con todos los actores implicados para que suponga una garantía real para la biodiversidad y para la ciudadanía"
UNEF considera que esta nueva regulación es además "incompatible" con la petición de la Comisión Europea en su Comunicación REPowerEU: Acción conjunta para una energía más asequible, segura y sostenible, de 8 de marzo de 2022, que insta a los países miembros de la Unión a acelerar drásticamente la transición hacia una energía limpia y aumentar la independencia energética de Europa en un contexto de crisis energética y climática sin precedentes.
En lo más estrictamente doméstico -recuerdan por otro lado desde UNEF-, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima establece que España debe tener una presencia de energías renovables sobre el uso final de energía del 42% antes de 2030, "por lo que la exclusión del territorio considerado suelo de las zonas regables declaradas de interés general para el emplazamiento de proyectos de energía solar en suelo compromete seriamente la consecución de estos objetivos".
Además, de cara a la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y de la Estrategia de Energía Solar de la UE, el sector de la energía solar en España recuerda que está haciendo "un gran esfuerzo para desarrollar formas innovadoras que integren la tecnología fotovoltaica con sectores de la economía de alta sensibilidad, tal como es el sector agrícola".
En este sentido -destaca UNEF-, la bioagrovoltaica es una de las actividades en auge "que combina la utilización del suelo agrícola con la energía solar, mejorando la productividad de los cultivos, el nivel de ingresos de los agricultores y/o ganaderos, la eficiencia en el uso del agua, e instaurar mecanismos de protección contra climas extremos". Según la asociación, la bioagravoltaica es "una de las actividades que quedarían totalmente lastradas si se aprueba esta propuesta normativa".
Rafael Benjumea, presidente de UNEF: “la sustitución de actividades intensivas en uso de agua por proyectos de energía solar en suelo, que apenas tienen consumo de este recurso, puede suponer un balón de oxígeno para zonas con mucha presión hídrica como Doñana o el Mar Menor. Además de ser auténticas reservas de la biodiversidad, los proyectos de energía generan oportunidades de empleabilidad y reindustrialización de los territorios. Pedimos a las autoridades competentes que replanteen la idoneidad de la legislación en un contexto actual en el que urge frenar una emergencia climática y sus efectos inminentes”
Credenciales UNEF
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) se define como "la asociación sectorial de la energía solar fotovoltaica en España". Formada por más de 770 empresas, entidades y agrupaciones de toda la cadena de valor de la tecnología, presume de representar a más del 90% de la actividad del sector y aglutina a su práctica totalidad: productores, instaladores, ingenierías, fabricantes de materias primas, módulos y componentes, distribuidores y consultores. UNEF ostenta además la presidencia y co-secretaría de FotoPlat, la plataforma fotovoltaica tecnológica española, que agrupa a las universidades, centros de investigación y empresas referentes del I+D fotovoltaico en España.
