Para ello fijó unas condiciones relativamente ventajosas en el Boletín Oficial del Estado –que habían sido precedidas por unas anteriores, igualmente atractivas, del gobierno de José María Aznar– a la que respondieron sesenta mil familias españolas con sus ahorros y los créditos complementarios que respaldaron con su propio patrimonio.
Posteriormente, obtenidos los objetivos perseguidos, el mismo Gobierno que había impulsado la inversión en energía fotovoltaica abrió la puerta de las modificaciones retroactivas de las condiciones en que las mismas habían sido hechas, entregándose al extremo recorte el posterior gobierno de Mariano Rajoy, bajo el impulso de los hermanos Nadal, poniendo todo el sistema energético patas arriba, estableciendo toda clase de dificultades a la puesta en marcha de nuevas plantas –fuesen éstas grandes o pequeñas, para vertido en la red o para autoconsumo– y modifica las condiciones en las que fueron hechas las inversiones de las instalaciones ya en funcionamiento con reducciones de sus ingresos, que en muchos casos llegaron al 50%, lo que mandó directamente a la ruina a muchas de las familias.
Ello condujo a que entre 2010 y 2018 no se haya instalado en España una planta fotovoltaica más y que en este momento la potencia que tenemos de este tipo de energía sea, a finales de 2017, de unos 4.700 MW, prácticamente la misma que teníamos en el 2008, con lo que nuestro país, que estaba a la cabeza del desarrollo de tal energía y que estaba creando gran número de puestos de trabajo, tanto en las empresas de fabricación de elementos como en las instaladoras y las de mantenimiento, haya quedado totalmente rezagado y haya perdido un tiempo precioso del que nos costará mucho recuperarnos.
¿Y que han hecho mientras tanto otros países?. Pues Alemania, por ejemplo, a la fecha anterior contaba con una potencia en este tipo de energía del orden de los 42.000 MW, Italia 19.700 MW, Reino Unido 12.700 MW, Francia 8.000 MW, por citar sólo alguno de los más próximos a nosotros, ya que si nos vamos a China la cifra se dispara a 131.000 MW, Estados Unidos 51.000 MW y Japón 49.000 MW, países, todos ellos, en los que éste año se está incrementando de forma muy notable su parque fotovoltaico.
Intentar, como se ha hecho hasta ahora en España, dificultar el desarrollo de la energía fotovoltaica ha sido tan inútil como querer poner puertas al campo, por lo que el tiempo, como ocurre siempre, ha puesto a cada uno en su sitio, dejando en evidencia a todos aquellos que, desde el Gobierno a las empresas eléctricas o desde algunos seudoexpertos a comunicadores de postín, contribuyeron a que España perdiera el tren de una tecnología que es fundamental para nuestra independencia energética y desarrollo futuro.
Por eso, sorprende ahora ver a muchos de aquellos que durante estos años hicieron campaña en contra de la energía fotovoltaica, tachándola de sistema ineficiente, cara, utilizable solo para usos marginales, etc, una vez que esta tecnología ha disminuido sus costes de forma drástica –gracias, no lo olvidemos, a quienes inicialmente apostaron por ella y demostraron su viabilidad– reclamar en exclusiva para si lo que antes despreciaban, no sin antes exigir, faltaría más, la adecuada seguridad jurídica para sus inversiones, la misma que antes, en desgraciada sentencia, se podía violar por el interés general.
España que en el siglo XIX no tuvo carbón, elemento fundamental para el desarrollo industrial de ese momento, y que careció de petróleo en el siglo XX y primera parte del actual, lo que supuso, y sigue suponiendo, su total dependencia del exterior en producto tan vital, cuenta, sin embargo, con sol en cantidad más que notable, por lo que perder el tren que esta energía renovable representa para nuestro futuro inmediato sería una irresponsabilidad de difícil justificación.
Por todo ello, admitido por fin el importante papel que la energía solar está llamada a representar para nuestra economía, ha llegado el momento de que se reconozca el papel jugado por quienes hace ya diez años impulsaron esta nueva tecnología, y que el Gobierno, y quienes nos representan en el Parlamento español, restablezcan, sin más dilación ni huecas promesas nunca cumplidas, las condiciones en que aquellos realizaron su inversión, les restituyan lo que en su día injustamente se les quitó, y se recupere algo tan importante para la imagen de España cual es la seguridad jurídica anteriormente violentada.
