El Ayuntamiento de Elche ha suspendido "provisionalmente" las nuevas licencias de plantas fotovoltaicas con el objetivo de facilitar el estudio para la reforma de la ordenación urbanística de energía renovable en suelo no urbanizable. Desde el Ayuntamiento aseguran que "la nueva regulación requiere compatibilizar la instalación de energía renovable con la protección del territorio, paisaje y patrimonio del campo ilicitano". En este sentido, desde la Asociación Valenciana de Empresas del Sector de Energías Renovables (Avaesen) dirigida por Pedro Fresco, critican esta decisión porque "pone en riesgo el desarrollo de 24 proyectos que supondrían en torno a 100 millones de euros de inversión para el municipio, la creación de 500 puestos de trabajo directos durante el periodo de construcción de estas plantas y varias decenas más de puestos fijos durante los 30 años estimados de periodo de operación de las plantas".
Esos 24 proyectos fotovoltaicos en tramitación generan otro impacto económico directo, el de arrendar el suelo para tres décadas, y esta suspensión retroactiva puede hacer que se cancelen esos arrendamientos existentes. Avaesen calcula que los propietarios de los terrenos podrían perder aproximadamente 24 millones de euros en 30 años. El propio Pedro Fresco, en un comunicado de prensa de Avaesen, señala que "si el ayuntamiento quiere plantear la suspensión de licencias para ordenar su plan municipal podría hacerlo para nuevos proyectos que aún no hayan solicitado ni obtenido la compatibilidad urbanística. Pero hacerlo para proyectos en tramitación es una bomba de relojería jurídica de consecuencias impredecibles e incalculable".
Desde la Asociación advierten que el ayuntamiento de Elche -gobernado por el Partido Popular y Vox- podría enfrentarse a responsabilidades jurídicas y patrimoniales por la suspensión de licencias de obra a proyectos fotovoltaicos porque los promotores y los dueños de los terrenos de las plantas afectadas podrían denunciar por daños y perjuicios al Ayuntamiento. Pedro Fresco ha recordado al Gobierno que "limitaciones de este tipo suponen una restricción a la instalación de energías renovables, actividad sometida a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado según la CNMC". "Es evidente que una suspensión generalizada de licencias que aplica a multitud de pequeñas plantas fotovoltaicas en un municipio de casi 33.000 hectáreas no es ni proporcional ni justificado, y mucho menos cuando no se puede invocar la protección del medio ambiente al haber recibido muchas de estas plantas informes ambientales positivos", añade Fresco.
