“Inversiones en renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español, con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos”, señalan desde la Asociación Nacional de Productores Fotovoltaicos (Anpier) en alguno de sus innumerables comunicados de denuncia y protesta. Este es un pequeño resumen de lo que ocurrió: a las familias les empieza a llegar por conocidos, por amigos, por empresas instaladoras… la campaña del Gobierno ´El Sol puede ser suyo` a partir del año 2005. En los dos años siguientes, miles de familias no dudan y se ponen a calcular y a hacer números para ver cuál será la inversión (vía préstamo bancario poniendo como aval todo su patrimonio) en función de lo que la instalación vaya a generar. Pero siempre mirando lo que un documento como el Boletín Oficial del Estado (BOE) prometía y lo que el gobierno, por tanto, haría. Con toda la hoja llena de números, éstos cuadran y las familias podrían devolver el crédito en más o menos plazos, amortizar la inversión y, por fin, obtener los frutos económicos de su “huerta solar”.
Y no había letra pequeña que hiciera levantar sospechas de que algo podría salir mal. Lo decía el propio BOE. Eran promesas legislativas que podrían cambiar o romperse únicamente si aparecía un nuevo Real Decreto. Y así fue en 2010, para sorpresa de todos. Primero con el Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. Y después con el Real Decreto–ley 14/2010 de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico. Lo que significaba que el Ejecutivo limita el periodo con derecho a percepción de prima a aquellas instalaciones ya existentes. Una aplicación de dos reales decretos que, según estimaciones de las asociaciones del sector en aquel momento, supondría un recorte de las retribuciones a los productores de más del 50%; a esos mismos que habían invertido más de 25.000 millones de euros.
Pero lo de 2010 fue sólo el principio. En el año 2012 se aprobaba la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en la que se alumbraba un nuevo impuesto, del 7%, que gravará el kilovatio hora generado por cualquier instalación. Y un año después se publica en el BOE el Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Este es el conocido como ´hachazo a las renovables` porque suspende los regímenes económicos de las instalaciones puestas en marcha bajo los regímenes retributivos del RD 661/2007 y RD 1578/2008 por la denominada ´rentabilidad razonable`. Es decir, elimina las promesas que llevaron a miles de familias a apostarlo todo por la fotovoltaica.
Energías Renovables habla con seis de estas familias para conocer sus historias personales que, con unas u otras peculiaridades, son prácticamente idénticas entre sí: cero dudas para realizar la inversión porque los números cuadraban, mucha incertidumbre cuando comenzaron los recortes, y esfuerzo desmedido para poder seguir haciendo frente a día de hoy a aquella financiación.
Clemente y Cristina (Sevilla)
Clemente y Cristina son un matrimonio sevillano a punto de jubilarse y que en 2007 se unieron con sus vecinos de parcela de una localidad de la sierra norte de Sevilla animados por “la nueva política por parte del Gobierno de favorecer las energías renovables”. Fue una empresa instaladora de la localidad cordobesa de Palma del Río a través de quien les llegó la información y los que después les hicieron la instalación, que en junio de 2008 ya estaba en marcha. Para poder enchufar esa “huerta solar” tuvieron que, como todas las miles de familias, financiar el proyecto porque “suponía una movilización de una inversión importante, unos 823.000 euros así en redondo”, nos cuenta Clemente. Ahora, años después, relata que ha sido una financiación muy difícil: “en el momento que empezó todo éramos un matrimonio, con un niño de 5 años y otro que estaba recién nacido y solamente teníamos mi sueldo de funcionario de la Junta de Andalucía”.
Es uno de los miles de ejemplos que podemos encontrar repartidos por toda la geografía española y que buena parte del sector ha bautizado como pioneros de la energía fotovoltaica. Una ilusión inicial que se vio truncada por los cambios legislativos en apenas cinco años a los que, como es el caso de estos sevillanos, han podido resistir: “nos ha costado muchísimo, pero finalizamos de pagar el leasing en junio de 2020. Ahora la planta es íntegramente nuestra”. De las cuatro familias que iniciaron el proyecto fotovoltaico, dos de ellas (la de Clemente es una de ellas) continuaron y continúan con él, y otras dos se retiraron por no poder soportar los altos y costosos pagos de la financiación. Y una ilusión inicial, a la misma vez, que ha permanecido inmune a pesar los pesares, de la incertidumbre, del enfado y del malestar: “sigo creyendo en las energías renovables”, concluye Clemente.
Gerard, Gabriel y Montserrat (Cataluña)
Animados por unos amigos instaladores de plantas fotovoltaicas y motivados por la legislación recién aprobada y difundida, Gerard y sus padres Gabriel y Montserrat invirtieron gran parte de sus ahorros familiares en una “huerta solar” valorado en 1.400.000 euros en el año 2007. “Teníamos esta certeza de que estaba todo regulado según Real Decreto. No teníamos ninguna duda y vimos que era una inversión segura”, relata Gerard. Como el resto de afectados, estos catalanes tuvieron que financiar la instalación por el alto coste que suponía: “nosotros aportamos un 30 % de recursos propios, es decir, de nuestros ahorros, y el resto lo financiamos con un leasing”.
Y así lo hicieron porque no tenían dudas, porque los números también les cuadraban. Sin embargo, todo saltó por los aires: “fue una sensación de no puede ser, de no me lo creo porque piensas que no hay nada más seguro que un Real Decreto”. Unos padres y un hijo cuyos ahorros vieron cambiado su destino final para pagar la cuota mensual del préstamo: “por suerte pudimos hacer frente con los ahorros que teníamos y que no habíamos invertido en este parque porque incluso inicialmente nos planteamos si poner todo en el proyecto. Los ahorros que teníamos invertidos en otros en activos financieros los tuvimos que cancelar y hacer frente a las cuotas mensuales que teníamos de esta inversión”.
Lola y Pedro (Albacete)
Ella es la pequeña de siete hermanos albaceteños que, junto a sus padres y las parejas de sus hermanos (Pedro es su marido), se animaron a invertir todo su patrimonio en un proyecto fotovoltaico de 800.000 euros en el año 2007: “es un proyecto común en el que nos embarcamos todos y en el que apostamos todo, hipotecando todo lo que teníamos. En principio el planteamiento era muy bonito, era un planteamiento de inversión que en 11 años estaría amortizado”, cuenta Lola. El primer golpe a esta familia llega en el año 2010 “cuando tenemos el primer recorte, teniendo que pedir flexibilidad a los bancos, pero que se pudo capear”. Sin embargo, tres años después, otro recorte fue –según detalla Lola– “la puntilla definitiva que produjo un recorte en nuestros ingresos por encima del 40%”. Un escenario oscuro y de miedo: “no podíamos hacer frente a los compromisos de deuda con el banco. Fue muy duro, con momentos y situaciones críticas en el que vivimos peligrar todo lo que teníamos”.
Once años después de aquel “hachazo”, esta familia sigue arrastrando las cuotas mensuales de la financiación: “conseguimos refinanciar la deuda y aún nos quedan un par de años hasta el 2026 para terminar de pagar el préstamos que firmamos en 2007”. Una auténtica y peculiar historia familiar porque fueron ellos mismos los que pusieron la primera y la última piedra de su ´huerta solar`: “nosotros hicimos todo el desarrollo tanto previo de tramitación como la parte de ingeniería y de construcción. Ahora, como la propiedad es nuestra también mantenemos la operación”. Para ello –explica Lola–, constituyeron en 2006 una empresa fotovoltaica, “la empresa que nos reúne a toda la familia”. Y como en el caso de Clemente, Lola y su familia siguen siendo unos convencidos de las renovables y de la fotovoltaica en particular: “la desilusión o el desengaño que hemos tenido en esta inversión no ha hecho que perdamos la fe en que el futuro son las renovables”.
Agustín y Teresa (Murcia)
Este agricultor ecológico murciano, junto a Teresa, su mujer, emprendieron un camino renovable en el año 2007 adquiriendo la participación de un parque fotovoltaico que estaban promoviendo en Jumilla, su pueblo. Fue uno de los muchos agricultores de la región que se animaron a invertir en renovables motivados por la campaña del gobierno como complemento a la actividad agrícola. “Había tres tipos de inversión de 10, 25 y 50 kilovatios (kW), que iba desde los 60.000 euros la más pequeña hasta los 300.000 euros la mayor. En nuestro caso escogimos una de 50 kilovatios porque aunque tú aportabas el 20% del préstamo, el 80% restante se iría pagando con los propios ingresos de la planta”, relata Agustín. Y una vez más, con todo el patrimonio como aval. En el caso de este matrimonio fue el piso en el que residen y una finca en el campo que vieron peligrar cuando comenzaron los recortes en el 2010. “Cuando empieza a faltar dinero es una preocupación profunda porque tú haces esas cuentas como que se va a ir pagando solo. Y ves que necesitas sacar dinero de tu negocio, cuando la agricultura es un negocio muy complicado y hay muchos años que no va bien”, añade el murciano.
Todavía hoy, como muchas de las familias, siguen arrastrando mes a mes la cuota del préstamo firmado: “hubo que refinanciar algún año más porque al principio se hicieron los cálculos con una cuota que más o menos era con lo que se cobraba de la planta. Pero te recortan casi un 30% que tienes que suplir con ingresos de otra parte o volver a refinanciar. Nos quedan un par de años”. Y una vez pagada la deuda, Agustín seguirá creyendo –como lo hizo en su momento y como lo hace ahora– en el medio ambiente y en las energías renovables: “soy una persona comprometida. Hace dos o tres años volví a invertir en un parque solar cerca de donde vivo. Mi compromiso sigue estando”.
M. Ángel y Rosa María (Murcia)
Es el actual presidente de Anpier y su historia es la misma que la de los miles de afectados a los que representa. En el 2007, Miguel Ángel y Rosa María decidieron invertir todos ahorros conseguidos entre ambos hasta ese momento en una instalación de 50 kilovatios valorada en 300.000 euros. “Entendíamos que era una inversión ética y una inversión de futuro”. Los primeros recortes “los capeamos como pudimos”, pero los siguientes ya provocaron tener que renegociar la operación con el banco y aportar más garantías, ahorros y avales de familiares. “Es un crédito que todavía estoy pagando y que me vence en el 2029”, cuenta M. Ángel. Sin embargo, su caso dista mucho del de otras familias que “tuvieron que malvender la planta porque el banco le podía ejecutar su casa”.
Y es que Murcia –explica M. Ángel– es una de las regiones con más afectados por estas inversiones en fotovoltaica, junto a Navarra. “Te diría que Murcia, Navarra, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha, Extremadura y Andalucía son las regiones con más familias inversoras”, añade. Miles de familias que se traducen en 200.000 personas repartidas por toda la geografía española que en su momento no tuvieron dudas y creyeron firmemente en la energía fotovoltaica. “Muchas de las instalaciones se han vendido a fondos de inversión que son los actuales propietarios. Calculamos que el 50% del parque solar aproximadamente a fecha de hoy puede estar en manos de fondos de inversión, la mayoría de ellos extranjeros”, concluye.
Jaume y Asunción (Cataluña)
La de Jaume y Asunción es una de las doce familias que invirtieron en un proyecto fotovoltaico de 600 kilovatios en torno al año 2007. “A cada familia le corresponden 50 kilovatios y repartimos los gastos, pero también repartimos la desgracias”, relata Jaume. El proyecto comenzó en agosto de 2009, rozando el límite del plazo de aquella famosa campaña para invertir en energías renovables: “todo fue muy bien hasta que el 2011 nos recortaron un 40%”, añade este agricultor. Un proyecto que se encareció hasta los 500.000 euros y que, aunque comenzó más tarde que los anteriores que hemos expuesto, se terminó de pagar mucho antes que estos: “estas doce familias hicimos la financiación del 80% a ocho años, a diferencia de otros que lo hicieron a 10 o 12 años. Cuando llegó el primer recorte, no quisimos renegociar con el banco porque se nos disparaban los intereses. Lo que hicimos fue dejar de hacer mejoras en nuestra explotación agrícola y dedicarlo todo a poder pagar los años que nos faltaban. Eso quiere decir que teníamos que poner entre 20.000 o 25.000 euros más de lo que daba el parque para poder pagar”.
Ahora, años después, este matrimonio, que se embarcó en un proyecto así para poder intentar tener una jubilación de autónomos algo más cómoda, sigue creyendo que las energías renovables son el futuro. “Eso lo tenemos clarísimo. Nos hemos visto completamente al borde de la ruina total y ha sido duro, pero podríamos decir que lo volveríamos a hacer”, concluyen.
