Los resultados del sondeo de Anpier indican, asimismo, que, al cambiar drásticamente la estructura de la amortización, el 100% ha tenido que refinanciar o soportar los pagos mensuales con recursos propios. Esto ha supuesto aportar garantías adicionales a los bancos, aceptando tipos de interés más alto a cambio de extender los periodos de amortización, de tal manera que hiciera posible soportar los pagos mensuales.
El 15% de los encuestados tienen mensualidades pendientes con las entidades bancarias que les aportaron la financiación (la asociación recuerda que el propio Ministerio impulsó este tipo de operaciones y recomendaba financiar el 80% de la inversión). El 79% de los productores debieron aportar garantías personales frente a la banca, sus propios hogares familiares en la gran mayoría de los casos. El 23% de los productores que financiaron soporta, además un derivado financiero que les impide lograr algún alivio con la caída del Euribor durante los últimos años.
El perfil de pequeño y mediano productor está formado por profesionales y asalariados de clase media que, según revelan en el estudio, anteponían la seguridad a la rentabilidad. Así lo hizo un 26% de los encuestados; mientras que tan sólo un 10% consideró la rentabilidad como principal variable para emprender la instalación. El 60% afirma que la motivación ética guió su decisión de embarcarse en el desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica.
Finalmente, si entre la gran cantidad de información que difundió el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para promover estas instalaciones, se hubiera advertido de algún atisbo de riesgo regulatorio, sólo el 0,4% hubiera mantenido su decisión de arriesgar sus ahorros y patrimonio a este fin.
El Presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, afirma que la encuesta ofrece "un reflejo fiel de la cruda realidad generada por la reforma: datos negativos para los pequeños productores, que contrastan con los elevados beneficios alcanzados por las grandes empresas del sector en este mismo lapso temporal".
Martínez-Aroca sostiene que "el Gobierno no precisa de este tipo de estudios puesto que conoce con total precisión lo que se liquidaba antes a estas familias y lo que se les liquida ahora. Tiene los datos exactos de los estragos que están ocasionando, que han sumido a 62.000 familias en una situación financiera límite, por lo que el colectivo precisa un cambio urgente de escenario normativo"
