La misiva cuenta, asimismo, con el respaldo de más de un millón de instaladores eléctricos y un millón de ciudadanos integrados en cooperativas de energía, todos los cuales están en contra de los aranceles impuestos por Bruselas a la importación de sistemas solares de los países asiáticos. Estas organizaciones instan a la Comisión a eliminarlos ya que consideran "que solo han resultado en una menor demanda de energía solar, trabajos perdidos y competitividad reducida", según indican desde Solar Power Europe.
La carta pide a la UE la adopción de otras políticas, como una estrategia industrial adecuada que impulse toda la cadena de valor solar y devuelva el crecimiento a este sector. La Comisión Europea decidirá antes del próximo 3 de septiembre si elimina o mantiene esas medidas antidumping, que impuso en diciembre de 2013 y cuya duración prevista era de cinco años.
Diversos estudios han demostrado, sin embargo, que han resultado ineficaces. Según un informe de 2017 sobre "Prosperidad residencial en la Unión Europea de la Energía", de la DG de Justicia y Consumidores, "aflojar" estas medidas de defensa comercial conduciría a "una mayor tasa de inversión, lo que generaría un aumento del 20-30% en la energía solar fotovoltaica instalada para 2030".
Conclusiones similares se pueden encontrar en el estudio EY "Energía solar fotovoltaica: empleos y valor añadido en Europa", publicado hace cinco meses, que sugiere que la eliminación de las medidas antidumping actuales contribuiría a un mayor empleo en la industria solar, aportando 45.000 empleos adicionales en toda la UE.
