Miguel Ángel Martínez-Aroca ha sido reelegido, por aclamación, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), "la organización que más productores de generación renovable agrupa de Europa", que ha celebrado en Madrid este fin de semana su XIII Asamblea General. Martinez-Aroca -informa Anpier- ha afianzado su compromiso "con el colectivo de pequeños productores de energía solar fotovoltaica, con las 65.000 familias pioneras de la generación solar fotovoltaica en España, colectivo que sufre recortes retroactivos de hasta el 40% de las cantidades que fueron comprometidas por el Estado en los años 2007-2009 para que se iniciara la gran transformación energética; desarrollando tecnológicamente y produciendo electricidad energía limpia a través de parques fotovoltaicos sociales, para alcanzar así los objetivos de penetración de renovables fijados por la Unión Europea e iniciar la necesaria transición ecológica".
El reelegido presidente de la asociación española de pequeños productores fotovoltaicos ha lamentado que “cada semana nos encontramos con un nuevo laudo favorable a los inversores extranjeros, que sí están encontrando justicia en las instancias internacionales y que serán reparados por los daños económicos que están soportando; mientras que los españoles -que por las reglas de competencia no podemos acudir a estos arbitrajes internacionales- todavía esperamos a que el Gobierno cumpla con su compromiso, plasmado expresamente en el acuerdo de Gobierno PSOE-Unidas Podemos, de articular una reparación, aunque sea muy parcial, de los graves perjuicios que soportan las familias españolas pioneras de la fotovoltaica”.
Martínez-Aroca ha insistido ante la Asamblea en que “no vamos a consentir que el Estado lance a comprometer su patrimonio a decenas de miles de familias españolas, apelando al patriotismo y a la conciencia ecológica, para luego destrozar sus economías; teniendo que compensar ahora a los inversores internacionales por las alteraciones retroactivas impuestas, mientras que se trata de silenciar el agravio que soportan los nacionales”.
En este sentido, se ha presentado la V Edición del Camino del Sol, una campaña que se articula en todas las Comunidades Autónomas, con más de 30 jornadas previstas en las que se darán a conocer las potencialidades de la tecnología de generación fotovoltaica y sus aplicaciones en beneficio de las economías locales, al tiempo que se reclamará la aplicación urgente de las medidas de reparación previstas para los productores pioneros en el Programa de Gobierno. "No habrá justicia ni transición justa -señalan desde Anpier- sin adoptar medidas de compensación equilibradas".
Los orígenes
Todo empieza así: el legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado (BOE)- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio hora generado en una instalación solar fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que asimismo explicita el BOE), una retribución especial (llámese prima) que es establecida para reconocer esa singularidad (que la electricidad generada por una placa solar no emite CO2, o sea, no ensucia; es limpia).
Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco (y animados por la propia Administración), diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tantos kilovatios hora (kWh); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kWh que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho que se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo, que no me va a hacer multimillonario, pero que sí que puede complementar mi pensión.
Y así estaba todo hasta que… El 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ministro Miguel Sebastián, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio que había establecido el gobierno en el BOE y que abre así la espita de la retroactividad. Recortes sucesivos -ejecutados por el último Gobierno Zapatero y, sobre todo, por el primer Gobierno Rajoy- dejan el precio del kilovatio hora fotovoltaico en algunos casos hasta un 50% por debajo de lo inicialmente reconocido. Además, el Ejecutivo Rajoy crea un impuesto de nuevo cuño que grava todo kilovatio hora generado en una huerta solar (el impuesto del 7%).
¿Problema?
Pues que los pequeños inversores, que habían hechos sus cuentas a la luz de la letra de la ley (a la luz de la retribución que el Gobierno había aprobado vía BOE), se encuentran con que están ingresando mucho menos de lo que comprometió el Gobierno, y se encuentran con que su deuda con el banco, sin embargo, no ha sufrido un recorte similar a sus ingresos. Así, en muchísimos casos, se ven obligados a renegociar la deuda, eufemismo que no significa otra cosa que hipotecarse más aún. Pues bien, Anpier lleva años denunciando esos recortes, que llegan hasta el 40% de las retribuciones pactadas y que han propiciado que muchas familias se hayan visto obligadas a ampliar su hipoteca solar fotovoltaica.
Sobre el impacto de los recortes retroactivos en los pequeños productores de energía solar
