La primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables de este Gobierno, que tuvo lugar el pasado 26 de enero de 2021, sirvió para adjudicar un total de 3.034 MW, que quedaron en manos de tan solo 32 empresas, algo que Anpier, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, criticó en su momento y que el Gobierno parece haber decidido neutralizar con las nuevas reglas del juego que ha establecido en esta segunda subasta del año, que el Ministerio para la Transición Ecológica anunció hace solo unos días y que está previsto, en principio, que se celebre el mes que viene. La nueva subasta reserva trescientos megavatios de potencia para pequeñas instalaciones fotovoltaicas de generación distribuida y propiedad local, de potencia igual o inferior a 5 MW y que conecten a la red de distribución a una tensión igual o inferior a 45 KV, todo lo cual pretende evitar la concentración del mercado y encaja con el ideario de la asociación de pequeños productores de energía solar fotovoltaica.
Anpier considera además "plenamente acertado" que el Ministerio haya establecido que las instalaciones adjudicatarias de esta reserva no puedan ser el resultado de la división artificial de iniciativas de potencia superior, ni encontrarse a una distancia inferior a 500 metros de otra instalación adjudicataria de esta misma reserva propiedad de la misma sociedad o grupo de sociedades, "una práctica que, por desgracia -apuntan desde la asociación-, ha sido habitual en el sector". Anpier ha denunciado en numerosas ocasiones que las grandes empresas, "para beneficiarse de las condiciones otorgadas a las pequeñas iniciativas", (1) han fragmentado físicamente instalaciones para que no alcanzaran un determinado rango de potencia, y (2) han formalizado jurídicamente la propiedad de estas a través de sociedades instrumentales.
La concentración de la propiedad deslocaliza los beneficios del Sol y del suelo
En ese sentido, la asociación recuerda que la primera subasta para el otorgamiento del Régimen Económico de Energías Renovables de este Gobierno, que se celebró el pasado 26 de enero de 2021, adjudicó un total de 3.034 MW que quedaron en manos de tan solo 32 empresas: "la concentración de la propiedad de las instalaciones no supone necesariamente un descenso del precio de la electricidad; pero sí extrae, y en la gran mayoría de los casos deslocaliza, los beneficios del sol y el suelo de nuestros territorios sin dejar valor en las comarcas".
La Propuesta de Resolución que define la subasta establece que al menos un 25% del capital social de las adjudicatarias de estas instalaciones deberá estar ostentado por un mínimo de cuatro titulares con domicilio fiscal situado a una distancia inferior a 20 kilómetros de la instalación. En ese sentido, Anpier considera que, para ampliar la concurrencia de pequeñas y medianas empresas, y las oportunidades que estas instalaciones ofrecen a las mismas, dentro del término “local” debe estar incluido toda la región o la comarca donde se encuentra la instalación, "por lo que proponemos ampliar la distancia del domicilio fiscal de los socios hasta los 100 kilómetros de la instalación".
Más empleo por megavatio
La asociación de pequeños productores de energía solar fotovoltaica recuerda que "las pequeñas instalaciones, además de captar el beneficio de la venta de energía entre las pymes de cada territorio, generan más empleo por cada megavatio instalado que los grandes parques, empleo que suele ser de carácter local, tanto en la fase de construcción, como en la operación y el mantenimiento de estas instalaciones".
Menos cables, torretas y redes
Las instalaciones de potencia igual o inferior a 5 MW -destacan por otro lado desde Anpier- producen una energía que se absorbe en proximidad, "por lo que no requieren las grandes infraestructuras ni soportan las pérdidas que acarrea el transporte de energía al que deben recurrir los mega parques". En ese sentido, la asociación recuerda que "tanto las grandes líneas de transporte, como las importantes pérdidas de energía que se producen en estos largos desplazamientos, engrosan la factura de la luz de los usuarios y saturan los nudos de evacuación".
Además -añade Anpier-, el contar con un número significativo de instalaciones en cada comarca "otorga una firmeza superior a depender de uno o dos grandes instalaciones" y, por fin, "no es desdeñable considerar el impacto medioambiental y visual que tienen los mega parques frente a las instalaciones pequeñas, que se asimilan mejor en el terreno, sin ocasionar grandes traumas para suelo, flora y fauna".
Primera convocatoria para iniciativas de pequeña dimensión
La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) estima que trescientos megavatios es un volumen adecuado para esta primera convocatoria para iniciativas de pequeña dimensión, sobre todo "dado el breve plazo de tiempo que va a transcurrir desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, previsiblemente en menos de 90 días", pero considera "deseable" que ese cupo crezca en las siguientes convocatorias, se anuncie con un plazo mayor y se fomenta esta modalidad de productor (pyme o comunidad local) "dadas las ventajas que ofrece en los territorios, a los entornos naturales, al propio sistema eléctrico y a la sociedad en general".
Anpier destaca que la tecnología fotovoltaica (FV) es la solución de generación de energía más eficiente que se conoce, "capaz de producir energía eléctrica a poco más de treinta euros el megavatio hora, dato que contrasta con los precios que se registran en el mercado eléctrico en estos días", y, por fin, recuerda que, "sin el esfuerzo inversor que realizaron precisamente pequeños productores fotovoltaicos, no contaríamos ahora con una tecnología suficientemente madura, capaz de ofrecernos soluciones energéticas que combatan el cambio climático sin menoscabo del bienestar económico y social". En España -concluye la asociación-, esta labor fue emprendida a partir del año 2007 por 65.000 familias fotovoltaicas que, sin embargo, y como consecuencia de posteriores reformas legislativas, llevan años soportando "recortes retroactivos draconianos de hasta el 50% de las retribuciones que se establecieron para motivar este gran esfuerzo inversor".
