fotovoltaica

Ponemos nombre y rostro a tres víctimas del hachazo a la fotovoltaica

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Ángel, Custodio, Jerry. Los tres comparten entusiasmo por las renovables y una genuina preocupación por el medio ambiente, una combinación que les llevó a invertir sus ahorros en instalaciones solares fotovoltaicas. Lo hicieron animados por las campañas de Industria alentando a los particulares a participar en el desarrollo de esta tecnología y al amparo de una legislación plasmada en el BOE. Hoy saben que, en España, ni la firma del mismísimo rey es garantía de que se vaya a cumplir lo recogido en la ley.
Ponemos nombre y rostro a tres víctimas del hachazo a la fotovoltaica

“Son unos auténticos sinvergüenzas, lo que nos han hecho es un atropello incalificable. Si no se cumple lo que pone el BOE, ¿en qué podemos confiar?”.

Así de claro lo tiene Custodio Buil (en la foto), agricultor jubilado de 69 años que en el año 2007 celebraba con una pequeña fiesta in situ la inauguración de la planta solar de 100 kW en la que había invertido todos sus ahorros. “Está en mi pueblo, Sena, en los Monegros (Huesca), la zona de España  con mayor biodiversidad”, asegura, orgulloso de su tierra. Para poder acometer el gasto que suponía la planta, en la que participa junto con sus dos hijos y su mujer (fallecida hace tres años), Custodio vendió la vaquería que había añadido a su explotación agrícola y todo lo que pudo vender. Aún así, tuvo que pedir un préstamo hipotecario al banco para hacer frente a la inversión, de 650.000 euros. “¡Hasta las nóminas de mis hijos me pidieron en el banco para darme el préstamo!”. Lo consiguió tras un mes de tira y afloja.

“Invertí en energía solar porque soy una persona comprometida con el medio natural y me importa mucho el tema de la contaminación, el cambio climático y estoy convencido de que parte de los cambios que se están produciendo ahora son debido a la actividad humana y se podrían evitar si no emitiéramos tantos gases de efecto invernadero. Pensé que la planta era una forma buena de contribuir a producir energía de forma limpia, y una tecnología con futuro”, añade. Y sabe de lo que habla porque hasta hizo un pequeño curso en Madrid sobre solar FV para conocerla más a fondo.

Hubo dos motivos más que animaron a Custodio a poner sus ahorros en esta huerta solar: mantener el interés de sus hijos por el lugar donde crecieron (ambos trabajan actualmente en Barcelona) y  asegurarse un complemento a su jubilación que le permitiera vivir con cierta holgura “ya que la agricultura da para poco”, asegura.

En 2008, nada hacía pensar que no fuera a ser así. La venta de la electricidad a la red generada por la instalación le permitía hacer frente sin problema a las mensualidades del banco y la previsión era tener amortizada la planta en 12 años. No ha sido posible. Tras los sucesivos recortes a las renovables –iniciados por el ministro socialista Miguel Sebastián en 2010 y multiplicados a continuación por el gobierno popular– ahora se ve obligado a pagar mensualidades al banco que apenas le dejan para vivir. Y ha tenido que ampliar la hipoteca, de manera que lo que iba a ser un complemento a su jubilación le está arruinando.

A Ángel Miralda, de 67 años, le queda la esperanza de que entre un nuevo gobierno “responsable y consciente de lo que se ha hecho” y la situación cambie. “Hay partidos que se han comprometido a que si llegan a gobernar restablecerán la seguridad jurídica y lo que ponía el BOE”. Pero el escepticismo no acabe de abandonarle, y a renglón seguido añade: “ También es verdad que la primera modificación la hizo Sebastián durante el gobierno de Zapatero y que entonces el PP calificó la medida como una barbaridad, y luego cuando llegó al poder ahondó aún más en esta línea”.


El caso de Ángel guarda paralelismos con el de Custodio. En el año 2008, este ingeniero industrial de San Quirze del Vallés (Barcelona) se encuentra con que le quieren prejubilar en IBM, donde llevaba trabajando 35 años. Con la indemnización obtenida –150.000 euros– y un préstamo bancario invierte medio millón de euros en una planta situada entre Huesca y Lérida, en Benabarre, en la que participa junto a otros siete compañeros y de la que posee 50 kW.  “Los dos primeros años todo funcionó bien, sin mayores problemas”. Como estaba previsto, la venta de la electricidad a la red le permitía ingresar el dinero necesario para devolver con tranquilidad del préstamo, unos 50.000 euros anuales. “Posteriormente, de forma arbitraria, empezaron a cambiar las reglas del juego, las horas de funcionamiento con derecho a retribución, las tarifas, los impuestos, la forma de pagar…. Ahora no sabes nunca cuando vas a cobrar ni cuanto”.

El resultado de todo ello es que la facturación por la electricidad limpia que generan sus 50 kW se ha quedado reducida a la mitad y la planta, que iba a ser un beneficio, se ha convertido en una pesada carga que está amargando lo que deberían ser años de merecido disfrute. “Estaba previsto que con lo que producía, la instalación se amortizara en diez años sin yo tener que poner más dinero, pero ahora me he visto obligado a renovar el préstamo hipotecario, que tenía a 10 años y pasarlo a 15, y debo poner cada mes dinero de mi pensión”. Y eso que Ángel ha tenido suerte con el banco, que le ha mantenido las condiciones y el interés, algo que muchos otros afectados no pueden decir. Pero esto no reduce su indignación hacia los responsables de lo ocurrido: “Jamás imaginé que pudiera ocurrir semejante cosa, estaba plenamente convencido de que la ley se respetaría. Se trataba de un Real Decreto firmado por el rey, ¿cómo no iba a confiar? Es un tema gravísimo para la credibilidad del país”.
Y ni de lejos alcanza su instalación esa “rentabilidad razonable” de la que habla el Gobierno (7,5 por ciento antes de impuestos, sobre estándares decididos por Industria). Por eso, tanto Custodio como Ángel batallan para frenar la última reforma eléctrica. Al igual que hace Jerry F., conocido como aguilareal661 en las redes sociales.

Jerry es valenciano, tiene 55 años y es un acérrimo defensor de la energía solar. Es propietario de un 20% de una planta situada en Cuenca, que comparte con otra serie de socios, “muy reacios a dar ningún dato sobre la instalación ya que temen que esa información nos perjudique”, asegura. De ahí que no quiera dar más información acerca de la planta, que entró en operación con el RD 661 de 2007, ni siquiera de la potencia que tiene. Por la misma razón calla su apellido, y expresa su frustración a través de su blog.

En su caso, él sí disponía del dinero necesario para la inversión, unos miles de euros ahorrados pensando en el futuro, así que avaló su parte con ese dinero. Pero otros compañeros si tuvieron que recurrir al préstamo hipotecario, y el riesgo de impago y de perder sus casas se cierne ahora sobre ellos. “El banco ha aceptado a regañadientes prorrogar la hipoteca, ha dado un año más para devolver los intereses y otro para el capital que resta”, explica Jerry, que ha perdido por completo la confianza en los políticos “y en que alguno lo vaya a arreglar”. “Si hubieran querido hacerlo, habrían sido ya más combativos en el Parlamento”, alega.

La injusticia que soporta juntos a otras 62.000 familias españolas afectadas por el hachazo a la fotovoltaica no ha hecho mella,  sin embargo, en su confianza en las energías limpias. “Invertí en la planta, sobre todo, porque estoy en contra de las energías sucias y soy de los convencidos de que si no pones un granito de arena para poder cambiar el mundo, nunca se podrá cambiar”. Jerry, que es socio de la cooperativa de energías renovables Som Energía asegura que si algún día vuelve a tener algo de dinero “ayudaré a la recompra de una planta solar, sea en tejado o en tierra”. Pero ese momento no ha llegado todavía: “si la cuerda de la soga me aprieta aún más, antes de que la planta se la quede Iberdrola o cualquier fondo buitre, barajaré la posibilidad de poner la planta en manos de Som Energía para que la socialicé como está haciendo con otras. Pero de momento quiero pelear”.

Este reportaje ha sido publicado en el número de junio de Energías Renovables y se completa con una entrevista a Juan Castro Gil, abogado y secretario de Anpier. Ambos se pueden leer en ER142.

 

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