La concentración dejó imágenes cuando menos pintorescas, como la que ilustra esta noticia. Porque hasta ahora no habíamos visto a defensores de la energía solar con paneles fotovoltaicos en ristre frente a un cordón policial que impidió que los manifestantes se acercaran a las puertas del Congreso de los Diputados, en la madrileña Carrera de San Jerónimo.
Llegados desde distintos puntos de España, los participantes en la concentración corearon consignas contra la retroactividad fotovoltaica y contra el Gobierno “porque nos ha engañado y no cumple sus compromisos”, en palabras de Carlos Mateu, de Suelo Solar, uno de los convocantes de la protesta. “Queremos seguridad jurídica, para nosotros y para todos los españoles. Y estamos contentos con la respuesta recibida porque los que han salido a protestar son los que mejor conocen la realidad del sector”.
¡No somos timadores!
Entre los manifestantes estaba Vicente Pérez, impulsor del proyecto Serna Solar, que supuso la instalación en 2007 de 450 kW fotovoltaicos en el municipio palentino de La Serna, con la participación de la mayoría de los vecinos –poco más de un centenar– y del propio Ayuntamiento (fueron portada de nuestra revista en papel en julio de 2008). Vicente sostenía una pancarta elocuente: ¡No somos timadores! ¡Somos gente honrada! ¡Hemos creído en la palabra del Rey y del Gobierno de España!
“Estamos hartos de tanta manipulación en medios como El Mundo, Intereconomía… Recientemente he hablado con un diputado por Palencia y me confirmaba que son conscientes del daño que están haciendo a muchos pequeños productores. He venido por responsabilidad y porque no puedo aguantar que nos retraten como a unos timadores”, apuntaba.
Marcos Jensen trabaja como técnico comercial en SolarWorld. “El Gobierno dice hoy una cosa y mañana hace otra. Le pasa con la fotovoltaica y con todo. Y si se aprueba el decreto de la retroactividad no afectará sólo al pasado, a lo instalado hasta ahora. También afectará al futuro porque nos habremos convertido en el hazmerreír del mundo y nadie querrá invertir en fotovoltaica en España”.
Jensen tiene una instalación de 5 kW en la localidad manchega de Socuéllamos, dentro de un gran parque que suma 4 MW. “La limitación de horas me va a suponer una disminución de ingresos de un 30%. Si ahora facturo casi 6.000 € al año, que empleo en su mayor parte para devolver el prestamo que me dio el banco, con la limitación puedo cobrar hasta 2.000 € menos”.
La ruina del sector
Francisco Nadal viene de Murcia en representación de 33 plantas fotovoltaicas de 100 kW cada una localizadas en distintos pueblos de Murcia y Almería. Cree que “el Gobierno está cediendo a las presiones de las grandes compañías energéticas y está engañando al ciudadano haciéndole creer que el déficit de tarifa es un problema creado por las renovables. Nos sentimos engañados por Sebastián y Zapatero que alardean de la potencia del sector de las renovables en España cuando están en otras países cuando en realidad están arruinando el sector”.
También está presente Tomás Díaz, director de Comunicación de la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que ha animado a sus socios a participar pero que no ha querido hacerlo como asociación “porque entendemos que esta era una convocatoria de máximos que plantea el rechazo al Real Decreto Ley 14/2010 y punto. ASIF está abierta a que la norma se pueda tramitar como proyecto de ley y se puedan incluir enmiendas. En otras palabras, que la casa se quema pero se salvan los muebles. ¿Cómo? Por ejemplo, tratando de evitar la discrecionalidad que se adjudica el Gobierno para tocar el límite de horas cuando quiera, en función de la evolución tecnológica”.
Miles de recursos contra el decretazo
Por otro lado, la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), han advertido de que la aprobación por parte del Congreso de los Diputados del Real Decreto Ley 14/2010 conllevará que los afectados presenten cientos de miles de recursos ante los tribunales hasta que haya sentencia firme. Atendiendo a la dilatada lista de espera del Tribunal Supremo, de unos tres años para este caso, pueden acumularse alrededor de 630.000 de recursos hasta que se dicte sentencia.
Un RDL sólo puede ser recurrido directamente por el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o por los gobiernos y parlamentos de las comunidades autónomas. No obstante, los titulares de las más de 53.000 instalaciones fotovoltaicas afectadas por el RDL 14/2010 pueden acudir a los tribunales para reclamar responsabilidad patrimonial a la Administración.
Para reclamar la responsabilidad patrimonial, los titulares deben recurrir todos los actos administrativos que se deriven de la aplicación del RDL 14/2010, es decir, todas las liquidaciones mensuales de la Comisión Nacional de Energía (CNE) en las que no se abonen las primas, como resultado de la limitación de horas equivalentes con derecho a percibirlas que establece la citada norma con carácter retroactivo.
Las tres asociaciones explican que es importante señalar que el RDL 14/2010, sin establecer las compensaciones equivalentes, impone dos limitaciones horarias distintas. La primera, más gravosa, supone un recorte del 30% de los ingresos para más del 90% del parque solar durante los próximos tres años. Para las excluidas de esta limitación temporal, y para las incluidas en ella a partir de 2014 –esto es, para todas las instalaciones–, hay otra limitación que reduce los ingresos una media del 10% durante toda la vida útil.
Teniendo en cuenta que la limitación de horas equivalentes establecida para los próximos tres años ya afectará a las mejores instalaciones solares hacia el mes de agosto –en el que habrán alcanzado el límite máximo autorizado–, los miles de titulares afectados comenzarán en ese momento a interponer sus recursos contra las liquidaciones incompletas de la CNE, y lo seguirán haciendo todos y cada uno de los meses en que éstas se produzcan.
En última instancia, el Tribunal Supremo será el encargado de pronunciarse sobre la validez del RDL 14/10. Teniendo en cuenta la saturación del mismo –su lista de espera, para un caso como el presente, ronda los tres años–, los titulares afectados seguirán recurriendo, año tras año, todas las liquidaciones mensuales incompletas de la CNE hasta que el Alto Tribunal dicte sentencia.
Las diferentes Plataformas de afectados que ya están operativas garantizan que haya decenas de miles de recursos contra cada una de las liquidaciones mensuales de la CNE. Y la simple extrapolación de datos indica que el número de recursos puede superar los 630.000 durante los próximos tres años.
Más información:
www.suelosolar.es
www.aefotovoltaica.com
www.appa.es
www.asif.org
