El vicepresidente del Gobierno de Baleares, Juan Pedro Yllanes, ha enviado la misiva a la ministra tras reunirse telemáticamente con la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que representa a los pequeños productores de energía solar fotovoltaica de todo el Estado español. Yllanes reclama en esa cara -informa el Govern- "una solución para acabar con la precaria situación que soportan las más de 600 familias que producen energía renovable en las Islas a causa de los graves retrasos que están sufriendo en los pagos que les corresponde por las ayudas destinadas a energía renovable".
El conseller de Transición Energética y Sectores Productivos expone en su misiva que los pequeños productores de Baleares tardan hasta 5 meses en recibir esas retribuciones, "mientras que los del resto del Estado las cobran en un periodo máximo de 30 días". Según Yllanes, esta situación “ podría ser soportable para grandes empresas, pero en ningún caso para las familias, que tienen que hacer frente al pago mensual de las financiaciones de sus plantas de generación de energía con recursos propios”. Así, el conseller y vicepresidente del Govern reclama al Estado "que los productores de las Islas tengan los mismos derechos que los del resto del país y reciban las ayudas que les corresponde en el mismo plazo".
En la carta enviado al Gobierno central, el vicepresidente balear explica que los productores fotovoltaicos insulares perciben mes a mes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que es el órgano liquidador del sector eléctrico, un 50% de los ingresos de su actividad, mientras que el 50% restante lo reciben del Tesoro Público, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: "el problema -alerta el Govern- es que estos pagos se producen con un retraso de 5 meses; además, los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados y por tanto no contemplan la totalidades de los desembolsos que tendría que realizar el Tesoro Público en el ejercicio 2020, contribuyendo así a una mayor inquietud e incertidumbre de los productores".
El Govern informa
En diciembre de 2016, a través de la Disposición adicional Tercera de la Orden ETU/1976/2016, el 50% de la retribución específica de este colectivo procedió de los costes que abona mensualmente el Sistema Eléctrico al conjunto de productores de renovables del país, para ubicar este concepto -únicamente en el caso de productores no peninsulares- en los Presupuestos Generales del Estado. Pues bien, Vicepresidencia considera que "se trata de un agravio comparativo que nunca se tendría que haber producido y que está motivado para incluir sin justificación la retribución de los fotovoltaicos de las Islas como un coste extra de la generación no peninsular, cuando es más bien todo el contrario".
Por todo esto, el vicepresidente Yllanes ha solicitado en el Estado que se revierta la disposición adicional Tercera de la Orden ETU/1976/2016, y que mientras esto no suceda, se incluya en los Presupuestos Generales del Estado, una partida suficiente para poder hacer frente a los pagos de las renovables en tiempo y forma y que, en la medida de lo posible, se igualen los derechos de los futuros productores de energía fotovoltaica de las Islas Baleares.
Contexto
Se da la circunstancia de que, hace ya un quinquenio, en el año 2015, la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) reconocía que el coste de la producción de energías renovables en las islas (incluso con las ayudas que las renovables percibían entonces) estaba hasta seis veces por debajo (era hasta seis veces más barato) de lo que costaba allí entonces de media producir electricidad con combustibles fósiles.
La mayoría de la electricidad entonces (y ahora) salía de centrales térmicas que queman combustibles fósiles (carbón, diésel, fuelóleo o gasóleo). En aquel momento, el parque de generación renovable isleño, que producía electricidad más barata (como apuntaba la CNMC), era muy minoritario. O sea, que los kilovatios hora renovables producidos allí (más baratos) eran muy pocos, en comparación con los kilovatios hora producidos en las centrales térmicas (seis veces más caros).
Para evitar que los consumidores isleños tuviesen que pagar más por la electricidad, el sobrecoste de la generación fósil lo asumían todos los consumidores nacionales con una especie de peaje coloquialmente denominado las "extrapeninsulares". Ese coste se lo llevaban (y se lo siguen llevando) Endesa y las demás compañías propietarias de las grandes centrales térmicas que producen la mayoría de la electricidad en las islas.
Para limpiar la electricidad de las islas (para reducir el CO2 del mix eléctrico isleño) y abaratar además la electricidad, los Gobiernos han ayudado con diversas medidas a los productores fotovoltaicos, que generan electricidad limpia (y más barata, según la propia CNMC). ¿Qué ocurre ahora? Pues que se da la paradójica circunstancia de que los productores que más han contribuido (y continúan haciéndolo) a acelerar la transición energética en aquellos territorios son, precisamente ellos, los últimos en cobrar.
