Las tres asociaciones han elaborado un plan de acción para “reconducir la situación fotovoltaica en España tras el RD 1565/2010 y el RD-L 14/2010”. La primera norma redujo hasta en un 45% las retribuciones para las plantas en suelo y limitó a 25 años el derecho a cobrar la prima equivalente. La segunda recorta durante tres años las horas de producción con derecho a cobrar la prima, lo que se traduce en una rebaja en la percepción de aproximadamente un 30%.
El gabinete de crisis de ASIF, AEF y APPA está formado por dos miembros de cada asociación y dos comités conjuntos, uno legal y otro de comunicación. Uno de los primeros objetivos de su actuación es el Congreso de los Diputados, donde sus señorías tendrán que validar o no el Real Decreto Ley 14/2010 aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre. Se estima que el pleno y la votación tendrán lugar en la última semana de enero. La fecha aún no se conoce porque no está decidido el calendario de plenos, según han comunicado los servicios de la Cámara Baja a Energías Renovables. Ante la inminente cita parlamentaria se han elaborado tres modelos de carta para que las asociaciones, perjudicados y simpatizantes que lo deseen las envíen a cada uno de los diputados explicándoles la situación del sector fotovoltaico. Así mismo, se gestionan encuentros con los grupos políticos.
El Comité de Dirección de ASIF, que se reunió con carácter extraordinario el 4 de enero de 2011, aprobó por mayoría pedir a los diputados que no convalidasen el RD-L 14/2010. Ante la dificultad de este objetivo también se planteó la posibilidad de intentar que se el RD-L se convierta en Proyecto de Ley lo que permitiría la introducción de enmiendas. Si no se consiguiese ninguna de las dos cosas se pediría al Defensor del Pueblo o alguna comunidad autónoma que recurriera el RDL 14/2010. A la reunión de este Consejo de Dirección de ASIF también asistieron representantes de AEF y APPA.
El gabinete de crisis ha previsto comunicaciones con las comunidades autónomas (también responsables y partícipes legislativos de la puesta en marcha de instalaciones fotovoltaicas), con bancos y cajas de ahorro (entidades financieras de las que han salido buena parte de los 25.000 millones de euros invertidos por el sector fotovoltaico), y contactos con la EPIA, la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica.
Acciones legales
Las asociaciones fotovoltaicas han anunciado actuaciones legales contra las decisiones del gobierno. Pero no es fácil hacerlo. El RD-L 14/2010 sólo puede ser recurrido ante el Tribunal Constitucional y para ello es necesario que sea un juez el que estime la denuncia de un afectado y la eleve al Constitucional. Es por ello que las asociaciones no puedan actuar por sí mismas directamente.
En cuanto al RD 1565/2010 la apelación ante la justicia es posible desde las asociaciones. Por ello ASIF ha planteado un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo su nulidad, la creación de una plataforma desde la que los afectados puedan presentar recursos legales particulares pidiendo responsabilidad patrimonial, y una denuncia ante la Comisión Europea por vulneración del derecho comunitario para que incoen un procedimiento de infracción contra el Reino de España por la última regulación fotovoltaica.
