Una de las novedades más importantes de la norma es que el Ministerio de Industria pagaría las primas en un primer momento para no impedir que el sector pueda trabajar. Eso sí, sería un pago condicionado a que las empresas justifiquen que su instalación estaba en orden en tiempo y forma. “Habría que demostrar” -explican las fuentes consultadas por Energías Renovables- “que estaba conectada antes del 30 de septiembre de 2008”. En todo caso “habría un plazo razonable para poder realizar esa justificación. Y si en ese tiempo no se hiciera el Ministerio de Industria dejaría de pagar la prima y la instalación sería borrada del registro pasando al mercado libre”.
De esta manera, el Ministerio de Industria quiere evitar que las plantas fotovoltaicas conectadas a partir del 30 de septiembre de 2008 cobren los 45 céntimos de euro por kW que establecía el Real Decreto 661/2007, una percepción mucho más sustanciosa que los 32 ó 34 céntimos de euro por kW que establece el Real Decreto que le sustituyó, el RD1578/2008.
La nueva norma elaborada por el Ministerio de Industria también establecería mecanismos de control cruzando datos con el Ministerio de Hacienda y con Aduanas, organismos a los que solicitaría información sobre el número de paneles comprados en España o importados. De esta manera, se intentaría constatar que el número de placas fabricadas en nuestro país más las traídas de otras naciones equivale al número de paneles que los promotores fotovoltaicos han declarado haber puesto en funcionamiento.
La normativa contra el fraude podría tener rango de Real Decreto. Esta es una opción sobre la que aún no se ha tomado una decisión definitiva, pero que parece factible. Si se optara por ella, el texto elaborado por el Ministerio de Industria pasaría por la Comisión Nacional de la Energía y el Consejo de Estado antes de ser aprobada por el Consejo de Ministros.
