Esta organización considera que la titular “atesora conocimientos y solvencia suficiente” como para abordar los “apasionantes y complicados retos” que se va a encontrar en su cartera ministerial y “le desea acierto para resolver cuestiones que son trascendentales para la economía, la sociedad y los ecosistemas de nuestro país”. Entre las asignaturas pendientes que se encontrará, Anpier señala dos.
1. No se ha avanzado de forma sustancial en el proceso de electrificación.
El fin último de la transición ecológica es la electrificación de los consumos energéticos –sobre fuentes renovables– para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. La disponibilidad de potencia renovable es premisa necesaria; pero no suficiente, para alcanzar los objetivos que se persiguen. La creciente implantación de generación renovable es una realidad, mientras que la demanda de esta producción se está quedando en deseos y previsiones que no se verifican, sobre hipótesis de incrementos, que quizá no fueron realistas.
2. Los pioneros de las renovables en España sufren una situación que es preciso reparar.
España movilizó, fundamentalmente en los años 2007–2008, capital privado para que nuestro país lograra los objetivos puestos por la UE: alcanzar un 20% de generación renovable en 2020. Y, con ello, madurar las fuentes de generación esenciales para la descarbonización. El proceso fue un éxito, los frutos se disfrutan en la actualidad con precios muy bajos de la electricidad, que además ahora es más limpia. “Con ello hemos logrado un coste menor para las familias, mayor competitividad para nuestras empresas y un saldo más favorable en la balanza comercial, así como una menor dependencia de combustibles del exterior”.
Sin embargo, una vez puestas en funcionamiento las instalaciones fotovoltaicas, “sufrieron hasta diez recortes retroactivos, que han cercenado sus ingresos hasta en un 45% de los retornos que fueron establecidos por el Estado como seguros en el BOE. Los inversores internacionales no vieron conveniente acudir a la justicia española, como inevitablemente debieron hacer los nacionales, en cuyas instancias perdieron cualquier posibilidad de reparación frente a argumentos por parte del Estado que no han parecido aceptables en la Corte de Arbitraje del Banco Mundial en Washington”, instancia a la que acudieron de forma masiva los inversores foráneos y en la que sí están logrando laudos favorables, que condenan al Estado español a repararles los daños sufridos por estos cambios normativos retroactivos.
