La decisión de la CNE se sustanció la semana pasada, el 24 de septiembre. En la práctica supone pedir los papeles a casi un millar de instalaciones, y un millar de megavatios, para comprobar que todo está en orden.
El regulador de los sistemas energéticos en España quiere saber cuándo se compraron los componentes de las instalaciones empezando por los paneles. Por ello anuncia que pedirá “originales o fotocopias de facturas de compra y albaranes de entrega de los paneles fotovoltaicos, inversores y en su caso del equipamiento electromecánico de los seguidores, debidamente firmado por el responsable de la empresa fabricante o en su caso, suministradora, en el que se exprese la fecha y lugar de su entrega. Dicha documentación debe identificar unívocamente los paneles concretos que han sido instalados en el parque. En el caso de que los equipos fueran importados, se deberá aportar el Documento Único Administrativo de aduanas”.
De la misma manera, la CNE exigirá los certificados del instalador y de final de obra, el documento que acredite la referencia catastral del terreno donde se ubique la instalación y la “declaración responsable” que se adjunta en el requerimiento. El propietario o representante de la instalación tiene dos meses para contestar vía telemática a partir de que reciba el requerimiento. Si no lo hace la Comisión Nacional de la Energía esta facultada para “suspender, con carácter cautelar, el pago de la prima equivalente correspondiente”.
El período de amnistía se acaba
La solicitud de documentación de la Comisión Nacional de la Energía incluye la posibilidad de que el titular presente “fotocopia del escrito de renuncia al régimen económico debidamente presentado ante la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio”. Y es que la amnistía propuesta por el gobierno está a punto de finalizar. Será papel mojado la próxima semana. El último día es el 6 de octubre.
La CNE recuerda que acaba el período en el que los propietarios de las plantas fotovoltaicas que se encuentran en situación irregular se pongan al día. La idea de Miguel Sebastián era que las instalaciones que estaban cobrando de más confesasen. Se trata de las que se acogieron a las primas más altas del RD 661/2007 cuando no tenían derecho a ello porque sus instalaciones se pusieron en funcionamiento fuera de plazo. El hecho de autoinculparse sólo implica que pasarían a cobrar la prima que les corresponde, aproximadamente un 30% menor. No habrá sanción ni tendrían que devolver lo que habían cobrado de más. Una vez concluido el periodo de arrepentimiento, quien sea pillado podría enfrentarse a una causa penal por fraude de ley, sería expulsado del régimen especial por los que dejaría de cobrar ayudas y tendría que reintegrar las cantidades fraudulentas.
Endesa también avisa a sus clientes
No sólo la CNE ha querido recordar el período de gracia. También lo ha hecho alguna compañía eléctrica. El director de ciclo comercial de Endesa ha enviado una carta a sus clientes en la que les recuerda que “antes del 7 de octubre de 2010 las instalaciones acogidas al régimen económico del Real Decreto 661/2007 podrán solicitar a la Dirección General de Política Energética y Minas las renuncia al citado régimen económico”. En la misma carta, que obra en poder de Energías Renovables, Endesa avisa sus clientes las consecuencias de la falta de acreditación ante la CNE.
Lo cierto es que ha día de hoy pocos son los que se han entonado el mea culpa.
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