La moción, que no pudo ser votada en el pleno, está basada en el Manifiesto contra el decreto de autoconsumo, que fue suscrito por los 18 partidos del arco parlamentario (a excepción de PP y Unió), asociaciones de consumidores, empresariales, sindicatos, ecologistas y movimientos sociales, en el pasado mes de julio.
Una moción similar había sido votada la semana anterior en el pleno de la Diputación de Cádiz, otra lo fue el mismo el día 30 en el del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife “y es seguro que próximamente se vayan sumando nuevos municipios e instituciones, donde no se vetará el derecho democrático a votar en el pleno sobre un asunto de tanta importancia”, explica Carlos Díaz.
Para el concejal de la Asociación de Residentes de Benicàssim, “la implantación del RD penaliza el autoconsumo e impide la obtención de beneficios económicos, ambientales y sociales para la población, las pymes, etc, a través de una mayor democratización del modelo energético”.
