Uno de los temores expresados durante el último año por el sector fotovoltaico ha sido la posibilidad de que el gobierno decidiera recortar la percepción económica que cobran las plantas fotovoltaicas por la producción de electricidad ordenada por las leyes que estaban en vigor cuando las instalaciones fueron construidas y puestas en funcionamiento. Un recorte que bien podría hacerse rebajando la prima o el número de horas de producción con derecho a cobrarla.
Ese cambio de las reglas del juego, esa actuación retroactiva, en opinión de AEF, provocaría la entrada en quiebra de la mayor parte de la industria fotovoltaica nacional, y plantearía un “gravísimo problema” para las cajas y bancos nacionales e internacionales, que tienen apalancados aproximadamente casi 20.000 millones de euros en este sector.
Juan Laso ha asegurado que por cada euro que el Gobierno consiga ahorrarle a los costes del sector eléctrico mediante esa medida retroactiva e ilegal, generará un gasto y un sobrecoste diez veces superior, al disparar la prima de riesgo-país y otros muchos costes laterales, además del evidente perjuicio que la medida tendría sobre la estabilidad del sistema financiero, de los propios bancos y de las compañías que trabajan en sectores regulados.
Para el presidente de AEF, “la creación de inseguridad jurídica, el incumplimiento recurrente del compromiso del Estado, a través de sus normas legales, con los inversores nacionales e internacionales, la inestabilidad regulatoria del sector energético y la amenaza de hundir un sector industrial y empresarial que ha llegado a ser admirado a nivel internacional, deja seriamente en peligro las inversiones futuras en la energía fotovoltaica y en toda actividad regulada”.
Según las cifras manejadas por Juan Laso, una reducción hipotética del 10,4% sobre las tarifas fotovoltaicas ya aprobadas para las instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 (el 95,5% del total del parque fotovoltaico nacional), significaría la entrada en default de esas instalaciones, al no poder generar los flujos de caja suficiente para asumir su deuda. Como el recorte retroactivo de horas con derecho a tarifa que plantea el Gobierno es muy superior, del 30%, el resultado será “la quiebra inevitable del sector”. “La inmensa mayoría de los cerca de 60.000 pequeños inversores fotovoltaicos entrarían automáticamente en quiebra, lo que supondría un auténtico drama social”, asegura José Luis Martínez, vicepresidente de AEF.
El presidente de AEF denunció el contrasentido de legislar ahora estas medidas retroactivas cuando el Ministerio de Industria acaba de publicar el pasado 19 de noviembre el Real Decreto 1565/2010 que reduce sustancialmente a futuro las tarifas del sector fotovoltaico. La industria asumió ya, como consecuencia de esta medida unos recortes de más de 600 millones de euros.
Si finalmente salen adelante ahora las medidas claramente retroactivas, los recortes para la fotovoltaica podrían llegar a casi 3.000 millones de euros en los próximos tres años, vulnerando cualquier principio de rentabilidad razonable. Para el presidente de AEF, es discriminatorio concentrar los recortes en la energía fotovoltaica, cuando supone el 10% de las renovables y cerca de un 3% de la producción eléctrica nacional.
También indicó Juan Laso que la medida retroactiva es ilegal, y que en caso de salir adelante el Real Decreto Ley será recurrido ante el Supremo, para que a su vez plantee una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Paralelamente, se plantean recurrir ante la Comisión Europea y en las cortes europeas de arbitraje.
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