José Manuel va a cumplir 47 años. Vive a las afueras de Madrid, en el municipio de Brunete. Su relación con las energías renovables se remonta al año 2006, antes de la gran explosión fotovoltaica de 2008 que convirtió a España en líder mundial y dejó al gobierno, según sus números, con otro descosido en el roto llamado déficit tarifario. José Manuel preguntó, comparó y optó por una propuesta. “Me hicieron un estudio que concluía que, de acuerdo a la ley que existía en aquel momento (RD 436/2004), amortizaría la inversión en aproximadamente 10 años y a partir de entonces dispondría de una renta mensual de entre 300 y 400 euros”, explica.
Apoyo a la jubilación
José Manuel es un trabajador por cuenta ajena. Tiene una nómina. Es previsor respecto a su futuro y precavido con el dinero. No especula. ¿Por qué entonces una instalación fotovoltaica? “Cuando pensé en ello ya se hablaba de problemas en la Seguridad Social y el cobro de las pensiones, de la necesidad de mirar otras cosas. Y en lugar de contratar un plan de pensiones me decidí por una instalación fotovoltaica como apoyo a la jubilación”. Desde finales de 2006 una de las cubiertas del tejado de su casa está ocupada por 32 módulos fotovoltaicos que suman 6,72 kWp. Es una planta pequeña con una capacidad de producción estimada de 8.716 kWh/año, lo que equivale a una percepción económica de 3.835 euros al año. El precio, una segunda hipoteca sobre la casa por valor de 58.400 euros.
Las placas comenzaron a producir en febrero de 2007. Sin queja desde entonces. “La producción de las placas es uniforme, de acuerdo a los rangos previstos”, -explica su propietario-, “si envejecen en 25 años como está garantizado se cumplirá todo lo programado. El problema es que me han cambiado las reglas del juego y eso ya no es posible”.
El período de pérdidas se alarga
El estudio realizado sobre el comportamiento de la instalación y el retorno de la inversión preveía un período de 10 años con pérdidas pequeñas (suponiendo que los tipos de interés se mantuvieran estables), pero números negativos al fin y al cabo, compensados en el balance global por la devolución del IVA, que en el caso de esta instalación se produjo en 2007. De hecho ese ha sido el único año con ganancias. El resto los gastos han sido superiores a los ingresos. El cómputo general ha sido positivo hasta 2010 año en que, a falta del resultado del tercer trimestre, el balance anual y global ya es negativo. Estos son los números reales de una instalación cuyo futuro económico se ha complicado porque “en 2011 nos encontramos con que el gobierno ha aprobado una ley que pretende reducir un 30% la prima. Esto significa más números rojos y que tardaré en amortizar la inversión 3 ó 4 años más”, asegura José Manuel Hoyo.
Este sería el efecto del Real Decreto-Ley 14/2010, aprobado por Consejo de Ministros el 23 de diciembre de 2010, en el que se decide que durante 3 años (hasta el 31 de diciembre de 2013) “las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica tendrán derecho, en su caso, a percibir en cada año el régimen económico que tengan reconocido, hasta alcanzar el número de horas equivalentes de referencia, tomando como punto de inicio las 0 horas del 1 de enero de cada año”. De esta manera, la instalación de José Manuel percibirá la prima por las 1.250 primeras horas de producción. Su instalación está ubicada geográficamente en la zona climática IV, en la que se estiman 1.632 horas equivalentes de funcionamiento. Es decir, el gobierno le limita 382 horas, un 23,4% de las que dispone actualmente.
En compensación el Ministerio de Industria ha decidido que el período de cobro de la prima fotovoltaica se extienda de 25 a 28 años, una medida que quizá en otro casos sea útil, pero que en las circunstancias de José Manuel Hoyo no lo es. “Mientras llega esa ampliación de tres años yo continúo en números negativos pagando mis compromisos con el banco. De nada sirve que dentro de 20 años encuentren la solución para el cáncer si me han diagnosticado que me moriré dentro de 10”.
Un año de “pensión fotovoltaica”
El resultado operativo de la instalación prevé (sin los últimos cambios legislativos) que aproximadamente en el año 2022 se alcanzaría el nivel de ingresos perseguidos, entre 300 y 400 euros mensuales. Una cifra estable a lo largo de 9 años, hasta el 2030. Teniendo en cuenta que en 2011 José Manuel tiene 47 años, se jubilaría (si no se amplía la edad de jubilación) el año 2029 con 65 años. Es decir, dispondría del emolumento completo generado por sus paneles solares sólo durante el primer año de su jubilación.
Esto es así porque el gobierno aprobó el 19 de noviembre de 2010 el Real Decreto 1565/2010 que ordena que la prima se cobre durante un período máximo de 25 años, modificando con carácter retroactivo el Real Decreto 661/2007 en que se establecía que a partir del año 26 los productores cobrarían el 80% de la prima.
La reducción de los años y la limitación de las horas con derecho a prima han convertido la inversión en un error, pero “no un error de cálculo mío” -asegura José Manuel Hoyo- “sino un error provocado por falsedades. Yo he intentado ser lo más objetivo posible, analizar todos los datos y buscar la garantía de una Ley. Es con lo que yo contaba. Ahora me la han quitado y lo que tengo es miedo. Mi inversión no es en un local con el que se pueda quedar el banco, es el tejado de mi casa”.
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