Esa es la cuenta que el Ministerio de Industria plasma en la memoria que acompaña a la propuesta de Real Decreto para la producción de energía eléctrica en régimen especial, que actualmente está en manos del Consejo de Estado. En esa memoria, que obra en poder de Energías Renovables, el gabinete de Miguel Sebastián anuncia que “se modifica el procedimiento de tramitación para obligar que éste se desarrolle exclusivamente por medios telemáticos”.
El motivo para hacerlo es la carga administrativa que supone la tramitación de los expedientes que cada trimestre se presentan al registro de preasignación de retribución, un método de gestión impuesto por el Ministerio de Industria en 2009. En la documentación enviada al Consejo de Estado se reconoce que “se han producido en varias convocatorias retrasos de hasta un mes y medio, lo que supone un perjuicio importante para los administrados para los que el tiempo es un factor fundamental en la promoción de este tipo de proyectos”.
Hasta 6 millones de euros
El trabajo administrativo provocado por el registro casi se ha triplicado en sólo dos años. En la primera convocatoria de 2009 se tramitaron unas 1.600 solicitudes, y en la cuarta convocatoria de 2010 fueron unos 4.400, de los cuales menos de un 3% fueron presentadas por vía telemática con certificación digital. Se ha multiplicado el trabajo y el coste.
El coste de presentación de un documento en un registro físico es de 80 euros mientras que su coste a través de medios electrónicos es de 5 euros, según el análisis realizado por el Ministerio de Presidencia. La diferencia entre uno y otro es de 75 euros.
La cuenta del Ministerio de Industria es que esos 75 euros multiplicados por las 5.000 solicitudes trimestrales que se esperan para 2011 y por 4 convocatorias (5.000 solicitudes/convocatoria x 4 convocatorias x 75 €/solicitud) podría suponer un ahorro de 1,5 millones de euros al año. Además de esa cantidad hay que valorar lo que cuesta la remisión de las memorias anuales de las aproximadamente 55.000 instalaciones que están inscritas (55.000 x 75 €) lo que significaría un ahorro de 4,1 millones de euros. En total 5,6 millones de euros anuales.