Industria ha desmentido en un comunicado lo afirmado por la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), que había asegurado que el Ministerio se había avenido a negociar con el sector una nueva norma en la que, al contrario de la propuesta eliminada, no aparezca un techo de 1.200 megavatios (MW), informa Europa Press.
Industria señala que en la reunión mantenida entre el secretario general de Energía, Pedro Marín, y el sector fotovoltaico el pasado 29 de mayo "no se planteó en ningún momento la eliminación del techo de los 1.200 MW", a efectos de garantizar el cobro o no de la tarifa actual. De hecho, añade el Ministerio, "el secretario general de Energía se mantuvo inflexible en cuanto al mantenimiento de los plazos establecidos en el Real Decreto remitido en septiembre a la CNE para informe y en la Resolución del 27 de septiembre de 2007, por la que se establecía el plazo máximo del mantenimiento de la retribución fotovoltaica".
Industria afirma que el plazo límite del 29 de septiembre de 2008 es definitivo y no se otorgará ninguna prórroga al respecto. "Por tanto a las instalaciones que obtengan su inscripción definitiva una vez finalizado el plazo, les será de aplicación la nueva regulación que se establezca", subraya. En este sentido, el Ministerio indica que planteó al sector la necesidad de establecer un mecanismo que permita un crecimiento sostenible de esta tecnología, y que asegure el control del ritmo de implantación de nuevas instalaciones.
En opinión de Industria, el mantenimiento del ritmo actual de crecimiento a los precios actuales "podría poner en riesgo el futuro marco de apoyo a este sector". La propuesta que baraja el Ministerio es reducir la retribución a la energía solar FV en torno a un 30% .
El sector da por hecho que la rebaja de primas será importante, pero espera que se elabore un mecanismo de retribución más racional. En este sentido, ASIF propone un nuevo sistema para calcular la retribución de la electricidad solar, denominado Tarifa Fotovoltaica Flexible (TFF), que reduciría la prima entre un mínimo del 2% y un máximo del 10% cada año, en función de la evolución del mercado. Además, la patronal se muestra contraria a establecer un máximo de potencia instalada acogida a primas.
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