Las medidas contenidas en el Real Decreto –que establece la susodicha reducción de retribuciones "para la primera convocatoria de preasignación a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto"– garantizan, al menos según el gobierno, "la rentabilidad razonable de las inversiones, dan certidumbre a futuro y respetan los derechos de los titulares de las instalaciones". En un comunicado de prensa que ha difundido hace apenas unos minutos, el Consejo de Ministros señala, además, que ha aprobado la nueva regulación de las energías renovables con el objetivo de "reducir costes, especialmente los de la energía fotovoltaica, en beneficio de los consumidores, mejorar la integración técnica de las instalaciones de fuentes renovables y de cogeneración, y simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de aplicación".
La nueva normativa, que aportará seguridad jurídica al sector, según el gobierno, "modifica tres Reales Decretos anteriores: el de 25 de mayo de 2007 por el que se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial; el de 24 de agosto de 2007, por el que se aprobó el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y el del 26 de septiembre de 2008, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica". El gobierno insiste en su nota en que "la nueva normativa asegura una retribución suficiente para las instalaciones, atractiva para a los promotores de nuevos proyectos y garantiza un retorno a las inversiones realizadas".
Entre las medidas que contiene el nuevo RD, Moncloa destaca las siguientes: se limita el derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los veinticinco años de vida útil; se reduce la tarifa fotovoltaica en los porcentajes arriba señalados "para la primera convocatoria de preasignación a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto"; y se espera que la reducción de las tarifas reguladas que se introduce para las instalaciones fotovoltaicas suponga un ahorro para el sistema de 141,5 millones en 2011; 202,3 millones, en 2012 y 263,4 millones, en 2013.
ASIF lo rechaza
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), rechaza el nuevo Real Decreto para la fotovoltaica porque “se ha elaborado totalmente de espaldas al sector –hubo unas pseudonegociaciones en las que el Ministerio de Industria nunca mostró voluntad de acuerdo– y reducirá a casi la mitad el volumen del mercado solar en España”.
Para ASIF la “súbita y brutal reducción de tarifa del 45% para las plantas fotovoltaicas en suelo impedirá la rentabilidad de esas instalaciones. En consecuencia, el volumen total del mercado solar se reducirá casi un 50%, desde los 500 MW anuales previstos por la regulación hasta poco más de 250 MW. Esta reducción, que rompe el pacto alcanzado hace dos años con el Ministerio, se mantendrá hasta que los costes de la tecnología hayan bajado en la misma proporción, algo que llevará años en las regiones con menos irradiación del país”.
La industria fotovoltaica española, cuarta del mundo tras la china, alemana y japonesa, tiene una capacidad de fabricación superior a los 1.000 MW anuales, con lo que la reforma regulatoria le obliga, inevitablemente, a depender de los mercados exteriores sin contar con el respaldo de su mercado natural.
ASIF se plantea iniciar actuaciones legales contra la limitación del derecho a la percepción de prima equivalente para las instalaciones fotovoltaicas a los 25 años de vida útil que recoge la nueva regulación, “medida retroactiva y claramente discriminatoria en relación a las demás fuentes de energía renovable”.
Fin de la incertidumbre
Por otro lado, la asociación fotovoltaica “confía en que la nueva regulación termine con el período de incertidumbre regulatoria y parálisis al que lleva sometido el mercado fotovoltaico nacional desde hace más de dos años. Como resultado, sólo las empresas diversificadas o con presencia en el extranjero están consiguiendo sobrevivir. A finales de 2009, el sector ya había perdido unos 30.000 puestos de trabajo; desde entonces, la destrucción de empresas y empleos no ha dejado de aumentar”.
Según ASIF “sólo manteniendo el volumen de mercado de 500 MW anuales, España habría ganado 5.000 millones de euros y 40.000 empleos estables y de calidad hasta 2020”. Y cree que si se hubieran seguido sus propuestas para implantar una regulación que incluyera el autoconsumo de electricidad fotovoltaica, “España podría haber obtenido unos retornos económicos, ambientales y de seguridad energética todavía mayores. Con la misma inversión económica prevista por la regulación anterior, el país podría disponer de una potencia fotovoltaica superior a los 17.000 MW en 2020”.
La cifra de potencia instalada propuesta por ASIF para el final de la década contrasta fuertemente con los 8.673 MW indicados en el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables, y más aún con los 6.735 MW planteados recientemente por la Subcomisión de Energía del Congreso de los Diputados.
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