"Una vez más son los particulares y las pequeñas y medianas empresas -denuncia Anpier- las que están asumiendo estragos normativos arbitrarios" (la asociación se refiere a los recortes que le ha aplicado el Ejecutivo Rajoy al precio del kilovatio hora generado en instalaciones solares fotovoltaicas). La historia es tal y como sigue: el legislador crea un marco legal -vía Boletín Oficial del Estado- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio hora generado en una instalación fotovoltaica -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un klovatio hora limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período también muy concreto (que asimismo explicita el Boletín Oficial del Estado), una retribución especial que es establecida para reconocer esa especial singularidad. Y la electricidad emanada de fuente renovable merece esa retribución singular -llámese prima- porque, a diferencia de la electricidad generada en una central térmica de gas natural o carbón -dice el BOE-, no ensucia; es limpia. Pues bien, los inversores (esas 62.000 familias a las que representa Anpier), a la luz de ese marco, diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación solar fotovoltaica genera tantos kilovatios hora (kWh); el gobierno avala vía BOE que el precio que yo recibiré por cada kWh que produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco, que me ha dicho que se fía de los boletines oficiales del Estado); y, dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos (se manejan entonces lapsos de en torno a los 10 años); amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
Y así estaba todo hasta que…
El 23 de diciembre de 2010, y de la mano del ministro Miguel Sebastián, llega a escena el Real Decreto–ley (RDL) 14/2010, que retoca a la baja el precio que había establecido el gobierno en el BOE y que abre así la espita de la retroactividad, larga palabra que se resume en el proverbio “donde dije digo, digo Diego”. En fin, retoques a la baja (para empezar: RDL 14/2010) del precio del kWh fotovoltaico; recortes luego de horas que pueden optar a prima (si hasta ayer cualquier kilovatio hora FV merecía esa retribución singular, a partir de ahora solo la merecerán el 70% de los kWh generados); le colocamos luego un impuesto del 7% a cada kilovatio hora FV que usted genere; y, por fin -último hito de la legislación "retro"-, acabamos de una vez por todas con las primas comprometidas (a las que se las acusa de ser demasiado elevadas) y las sustituimos (mediante el Real Decreto 413/2014) por la denominada “rentabilidad razonable”, buque insignia de la reforma energética del Ejecutivo Rajoy.
¿Y cuál es la rentabilidad que el Ejecutivo considera razonable?
Pues una que conlleva recortes de hasta un 50% sobre los ingresos prometidos en el primer BOE. El caso es que en la trampa han caído 62.000 familias ahora representadas por la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que ha publicado hoy un análisis de lo sucedido a partir de aquel Real Decreto–ley 14/2010 (análisis que refleja cómo se han agravado los recortes desde que el Ejecutivo Rajoy aprobara el Real Decreto de la "rentabilidad razonable", eufemismo que en realidad disfraza, según Anpier, mermas de hasta un 50% en las retribuciones al kilovatio hora eléctrico generado en las instalaciones solares fotovoltaicas). Anpier explica en su análisis que el discurso del Gobierno, que animaba en 2007 a la inversión (y que aprobó un marco regulatorio que daba seguridad al inversor, que se fió de lo escrito en el BOE) propició que muchos pequeños inversores, de perfil más bien conservador, se animaran a hacer una inversión que el Estado no podía hacer.
¿Cuál era el marco entonces?
El mundo aprueba el Protocolo de Kioto en 2007. España adquiere -Kioto mediante- una serie de compromisos de limitación de emisiones contaminantes a la atmósfera. El sector eléctrico es el principal contribuyente, el principal emisor, de todos los sectores industriales españoles. Porque las centrales térmicas españolas que queman carbón o gas natural para generar electricidad emiten mucho CO2. El Ejecutivo no se encuentra en condiciones de abordar grandes inversiones. Así que aprueba un marco regulatorio que propicia la inversión privada, un marco mediante el que asegura (vía Boletín Oficial del Estado) que si usted invierte en una instalación solar fotovoltaica (FV), la red estará obligada a comprarle los kilovatios hora que produzca (kWh) y obligada a pagárselos a un precio determinado durante un período determinado. Animados por la garantía que implica el hecho de que todos los compromisos figuren negro sobre blanco en el Boletín Oficial del Estado, son muchos (62.000 familias) los que se animan a invertir.
Y lo demás... es historia
El país se aproxima -gracias a todos esos pequeños inversores- al cumplimiento del Protocolo de Kioto, pues todo kilovatio hora generado en una instalación FV (kWh limpio) es un kilovatio hora que no ha habido que generar en una central térmica de carbón o de gas natural (centrales que aparte de producir electricidad, producen emisiones de CO2). El Estado se libera de invertir (libera recursos que podrá emplear en otras iniciativas: la sanidad, la educación, defensa o la investigación y el desarrollo). Y el cambio climático (el efecto invernadero) engorda menos.
Hasta que, en 2010, el Ejecutivo empieza con el rosario de los recortes, retahíla que concluye en 2014, con la imposición de la llamada "rentabilidad razonable". El resultado de todo ello -denuncia Anpier- es que las familias y pymes (pequeñas y medianas empresas) que invirtieron sus ahorros han tenido que refinanciar esas inversiones (y su capacidad de negociación con los bancos no es precisamente la más ventajosa). Mientras, en las antípodas, "muchas grandes empresas del sector renovable español -explica la asociación- han podido alcanzar acuerdos ventajosos de refinanciación o deshacerse de sus activos renovables".
Esos activos, además, estarían yendo a parar -explica Anpier- a fondos de inversión "o han caído en manos de las eléctricas tradicionales, aprovechando también generosas quitas por parte de la banca". De esta manera -concluye la asociación-, si bien la retribución ha sufrido mermas importantes, esos actores del sector "han logrado minorar, en gran medida, sus cargas financieras, lo que les permite incrementar sus rentabilidades y amortiguar los recortes".
Denuncias internacionales
El análisis de la asociación aborda también la situación legal actual. "Por otra parte -dice Anpier-, los inversores internacionales, convencidos de que serán indemnizados, siguen elevando sus reclamaciones al Ciadi, órgano de arbitraje del Banco Mundial, con sede en Washington, donde España se ha convertido en el Estado del Mundo con mayor número de reclamaciones por posible quebrantamiento de la Carta de la Energía".
El presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca, explica que, "con los recortes, de hasta el 50%, los pagos a la banca se mantienen invariables mientras que los ingresos se volatilizan, lo que nos ha obligado estirar los plazos de financiación hasta 17 años. Un escenario muy diferente del que han encontrado las grandes empresas, que, sin garantías personales, en lugar de alargar sus hipotecas, han logrado quitas de manera directa o en el proceso de venta de los activos”.
Anpier concluye
"Una revolución tecnológica y social, promovida por decenas de miles de españoles, que suponía una gran oportunidad de redistribuir la riqueza energética de la que ahora disponemos, ha quedado truncada". A juicio de Martínez-Aroca, "nosotros hemos cumplido, hemos derribado las barreras tecnológicas" (al aumentar las instalaciones, al haber mercado, las empresas han podido obtener recursos para seguir investigando y desarrollando productos cada vez más eficientes y baratos). Así -explican desde Anpier-, las instalaciones son ahora "muy baratas, y también ha quedado demostrada la capacidad de ciudadanos y pymes para poder gestionar con solvencia grandes activos energéticos, de tal manera que los ingresos por generación quedan socializados y se reintegran en la economía local inmediatamente”. Sin embargo, ahora, lamenta Martínez-Aroca, “una fuente de generación con vocación social vuelve a manos de la grandes empresas: derribadas las barreras tecnológicas, se erigen muros normativos”.
