Mañana, 31 de julio, puede ser un día clave. Es una de las fechas que se han barajado para la aprobación del Real Decreto de Autoconsumo en Consejo de Ministros. Hay quien baraja otras fechas, ya en el mes de septiembre. Y quien empieza a creer que el Gobierno de Rajoy no se atreverá a aprobar una medida tan impopular antes de las elecciones. Mucho menos después de que la práctica totalidad de partidos políticos han mostrado públicamente su intención de derogar la medida en caso de ser aprobada.
En todo caso, Greenpeace no ha querido perder la oportunidad para recordarle al Gobierno que la medida es injusta. Y que muchos otros países han regulado el autoconsumo para permitir su desarrollo, no para paralizarlo.
Un grupo de activistas ha llevado esta mañana un panel solar al ministro José Manuel Soria para que dé ejemplo de apoyo a las renovables y se autoabastezca con energía solar, mientras otro grupo de cuatro activistas ha escalado una torre, ubicada junto al ministerio de Industria (perteneciente al Ministerio de Hacienda) para desplegar pancartas con el mensaje “Impuesto al Sol No”, aunque la de mayor tamaño se ha roto finalmente con el viento.
Greenpeace recuerda que, de ser aprobado, esta legislación obligará a los consumidores que produzcan su propia energía y estén conectados a la red a pagar un “impuesto al sol” por la energía que han producido para consumo propio.
“El autoconsumo es un herramienta clave para la eficiencia energética, la reducción de las emisiones contaminantes, la generación de empleo y para reducir la dependencia energética que España tiene del exterior”, ha declarado Marina Bevacqua, responsable de la campaña de Energía de Greenpeace. “Los derechos de los ciudadanos y el medio ambiente están por encima de los intereses de las grandes eléctricas para las que se ha hecho el impuesto al sol”.
Por otro lado la propuesta del Partido Popular no permite que las personas más vulnerables puedan generar su propia energía. Tanto los consumidores que tengan la tarifa eléctrica regulada por el Gobierno (PVPC) como los que tengan el bono social, no podrán tener una instalación de autoconsumo, lo que impide usar este recurso para paliar el gran problema de pobreza energética que sufren más de siete millones de españoles.
Tanto la sociedad civil como los partidos políticos de la oposición ya han mostrado un rechazo claro a la propuesta del PP sobre autoconsumo. Es por esto que Greenpeace exige al Ministerio de Industria que descarte el proyecto del real decreto y que cree una legislación realmente favorable al desarrollo del autoconsumo que tenga en cuenta los beneficios ambientales, sociales y económicos de esta tecnología y permita garantizar una transición hacia un modelo basado en energías renovables.
