La organización ecologista se opone a cualquier actuación fraudulenta, por lo que está "de acuerdo con la propuesta del Ministerio de dejar sin derecho a prima a cualquier instalación FV que no cumpla la normativa". Eso sí, Greenpeace –añade en un comunicado hecho público ayer– "rechaza cualquier intento de criminalizar la energía solar fotovoltaica, cuyos beneficios ambientales y sociales están ampliamente contrastados, por lo que sigue siendo merecedora del régimen de apoyo que le permita avanzar en su curva de aprendizaje".
La exigencia de demostrar que se está actuando legalmente como condición necesaria para cobrar –dicen los ecologistas– debería hacerse extensiva en todo caso a todas las tecnologías de generación, "más aún para aquellas que pueden dañar al medio ambiente o la salud". Por eso, la organización ecologista exige "el mismo rigor para impedir que se pueda hacer negocio con energías sucias, como la nuclear, violando las normas a costa de la salud pública".
Greenpeace lamenta en su comunicado que tecnologías que pueden causar daños al medio ambiente y la salud –como la nuclear– "no sean objeto del mismo celo inspector". Así –añade– "sorprende ver cómo ante sucesos tan graves como la liberación de radiactividad de la central nuclear de Ascó, el Ministerio de Industria no ha exigido al Consejo de Seguridad Nuclear una evaluación de la cantidad total de radiactividad liberada".
La fotovoltaica, la ley y la trampa
Para la organización ecologista, "el Gobierno no puede eludir su responsabilidad por haber aprobado una mala regulación, al fijar una fecha (el pasado 29 de septiembre) para una bajada brusca de las primas". Esto –asegura Greenpeace en su comunicado– fomentó "una alocada carrera para conectar las instalaciones fotovoltaicas antes de esa fecha y ahora se quiere inspeccionar lo que no se vigiló en el momento de la instalación".
Según el responsable de la campaña de Cambio Climático y Energía de Greenpeace, José Luis García Ortega, "cabe preguntarse cómo es posible que, si una instalación ha obtenido el acta de puesta en marcha, no tenga instalados en ese momento todos los equipos necesarios para realizar la actividad que se le autoriza: ¿para qué sirve y qué certifica entonces el acta de puesta en marcha? ¿Quién es responsable de que se conceda la puesta en marcha sin que se reúnan todas las condiciones para operar reglamentariamente?".
Las ideas-fuerza
Greenpeace propone cinco ideas-fuerza para salvar la crisis del fraude fotovoltaico.
Una: el procedimiento de verificación debe basarse en la presencia de inspectores que actúen en nombre de la administración pública como condición necesaria para poner en marcha una instalación y poder acogerse al régimen especial.
Dos: la fotovoltaica es la tecnología que más rápido puede instalarse y ponerse en servicio, o sea, que el mercado está preparado para reaccionar muy deprisa si se dan los incentivos apropiados.
Tres: la regulación a través de incentivos al kilovatio hora generado, mediante primas o tarifas, realmente funciona y consigue que se realicen las inversiones, que se instalen las plantas y que generen tanta electricidad como sean capaces.
Cuatro: la remuneración no debería cambiarse de modo abrupto, sino evolucionar suavemente; las primas se pueden y se deben reducir con el tiempo, para seguir, e incluso anticipar, el avance de la tecnología FV por su curva de aprendizaje, pero con un cambio progresivo (por ejemplo una reducción de pequeñas cantidades de céntimos kWh cada mes) probablemente no se darían situaciones de crecimientos y decrecimientos explosivos como los vividos en España.
Cinco: se debería establecer un objetivo mucho mayor para la energía solar fotovoltaica, acorde con las capacidades de la tecnología y del mercado, ya que la realmente alcanza los objetivos que se le piden. Esto debería reflejarse adecuadamente en el próximo Plan de Energías Renovables 2020.
Más información:
www.greenpeace.es
