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Greenpeace califica de "gran victoria" la eliminación del impuesto al Sol

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La organización ecologista ha difundido un comunicado en el que "celebra que finalmente se acabe con el impuesto al sol y con las trabas administrativas al autoconsumo". El Real Decreto-ley (RDL) que incluye la derogación de ese gravamen y la simplificación administrativa de la tramitación de las instalaciones de autoconsumo fue convalidado ayer en el pleno del Congreso de los Diputados por 180 votos a favor (votaron a favor de esa convalidación todos los partidos menos PP, Ciudadanos y Foro Asturias, el partido fundado por Francisco Álvarez Cascos). [En la imagen, El sol rojo, de Joan Miró].
Greenpeace califica de "gran victoria" la eliminación del impuesto al Sol

La responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha calificado de "gran victoria" la derogación del impuesto al Sol y la eliminación de las barreras al autoconsumo: "las personas que luchan contra el cambio climático deberían ser premiadas, no penalizadas", ha dicho Pizzinato. La batalla en todo caso continúa. "Ahora es necesario -ha añadido la activista- que el Congreso se comprometa a no modificar la parte relativa al autoconsumo en la tramitación del Proyecto de Ley que parte de la base del real decreto ley aprobado hoy".

El Congreso de los Diputados convalidó ayer el RDL que contenía esas dos medidas -derogación del impuesto al Sol y simplificación administrativa- y, además, votó a favor de tramitar esa norma como proyecto de ley con carácter urgente y sobre el que cabe la posibilidad de presentar enmiendas)

Greenpeace publicó en 2016 un estudio en el que explicaba que una de cada tres personas en España podría producir su propia energía a partir de fuentes renovables, "generando hasta la mitad de la demanda de electricidad para 2050". Además, su informe «Desmontando el impuesto al sol» muestra que las personas que se autoabastecen de electricidad renovable, además de pagar impuestos y costes del sistema como el resto de usuarios, aportan a España un valor neto adicional de 59 euros por cada megavatio hora producido, independientemente de que este se inyecte a la red o se autoconsuma. Por otro lado -añade Pizzinato-, "además, hay que reconocer de forma justa el valor de la electricidad generada por los autoconsumidores para acelerar la reducción de las emisiones de CO2 y reducir la factura de la luz para todos los hogares”.

Competencia de la CNMC
Por otro lado, la organización valora positivamente la propuesta de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que la fijación de las tarifas eléctricas y del gas pasen a ser competencia del organismo regulador. La organización pide que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia establezca una metodología clara para el cómputo de los costes del sistema y su reparto entre los consumidores. Esta medida deberá ir acompañada -proponen los ecologistas- de un ejercicio profundo de transparencia y participación ciudadana.

El Congreso convalidó ayer el RDL y, además, se ha comprometido a tramitar su texto en paralelo como Proyecto de Ley (sobre el que se presentarán enmiendas), una oportunidad que Greenpeace considera debe ser aprovechada para diseñar "una tarifa y un mercado eléctricos que pongan a las personas y al planeta en el centro". Así, la oenegé solicita "que se introduzcan medidas para realizar una reforma fiscal ambiental y para acabar con las subvenciones a las grandes empresas contaminantes y con los abusos del mercado".

“Abaratar artificialmente el carbón, el gas, el petróleo y el uranio mediante subvenciones mantiene la dependencia desproporcionada a un sistema energético obsoleto, contaminante, peligroso y caro para la ciudadanía”. Sara Pizzinato, responsable de la campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace

Por último, Greenpeace señala que es imprescindible que las medidas para reducir la factura de la luz y la pobreza energética estén en línea con un Plan de Cambio Climático y Transición Energética que incluya el abandono ordenado del carbón y la energía nuclear antes del año 2025 y el compromiso para alcanzar un sistema energético eficiente, inteligente, democrático y 100% renovable antes del año 2050.

Estas son las propuestas de enmienda de Greenpeace (a introducir como enmiendas en el Proyecto de Ley)
1.– Acabar con abusos de situación dominante en el mercado eléctrico. Greenpeace pide la separación horizontal total y efectiva entre actividades liberalizadas y las reguladas, de manera que no puedan ser realizadas por las mismas empresas o grupos empresariales (léase sobre el particular).

2.– Las personas en el centro de un sistema eléctrico eficiente y 100% renovable
Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno y el Congreso que

• Establezca un sistema de remuneración adecuada de la electricidad excedente (balance neto);
• Habilite la modalidad de autoconsumo virtual compartido entre diferentes puntos de conexión;
• Reconozca el derecho de los consumidores a la propiedad y acceso en tiempo real a los datos de sus contadores eléctricos;
• Elimine o reduzca considerablemente el término fijo de la factura de la electricidad que supone una de las mayores barreras para el ahorro energético;
• Regule la gestión de la gran hidráulica para maximizar la entrada de renovables y el abaratamiento de la factura;
• Contemple excepciones para proyectos de energía comunitaria para el aumento de avales y peajes de conexión a la red;
• Reconozca la energía como derecho habilitando intervenciones contra la pobreza energética basadas en las energías renovables y sistemas de autoconsumo virtual colectivo y la rehabilitación energética de los edificios.

3.– Aplicar el principio de “quien contamina, paga” y eliminar las subvenciones de las energías contaminantes y peligrosas

Para ello, Greenpeace demanda al Gobierno y al Congreso
• Una reforma ambiental completa de la fiscalidad energética que introduzca el concepto de “quién contamina paga”;
• El fin de todas las subvenciones públicas y encubiertas que reciben estas centrales, empezando por:

o Aplicar el principio de “quien contamina, paga” para que se haga responsable de los impactos sociales y ambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero, emisiones contaminantes y residuos nucleares;

o Eliminar los pagos por capacidad que una reciente investigación de Greenpeace cuantifica en casi 18.000 millones en los últimos 20 años;

o Hacer que las empresas paguen el total del coste del desmantelamiento de sus instalaciones y la gestión de los residuos nucleares durante todo el tiempo que tengan niveles peligrosos de radiactividad;

o Hacer pública y accesible toda la información sobre quién recibe las subvenciones del sector;

o Eliminar los llamados “beneficios caídos del cielo” de los que disfrutan la energía nuclear y la gran hidráulica.

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