La historia es la siguiente: el Ejecutivo Rajoy rebaja mediante una serie de leyes el precio al que podrán vender los productores de electricidad renovable los kilovatios hora que generen sus instalaciones; el sector denuncia el caso ante tribunales internacionales porque considera que (entre otras cosas) esa es una medida con efectos retroactivos; y, por fin, hace algunas semanas, el Gobierno pierde su primer caso y el Reino de España se verá obligado a indemnizar -con más de 125 millones de euros- al perjudicado (la empresa Eiser Infrastructure Limited y Energía Solar Luxembourg SÁ-rl). Pues bien, sobre esa causa -la reforma- y sobre sus futuribles consecuencias -los 7.500 millones de euros en potenciales indemnizaciones- hizo las siguientes preguntas, hace ya unos meses, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. ¿Cuáles son los criterios en los que se basa la Abogacía del Estado para estimar en 7.000 millones de euros [en aquel momento esa era la estimación] la cuantía reclamada por arbitrajes con motivo de los recortes a renovables?
Respuesta. «La cifra se ha determinado por la suma de las cantidades reclamadas por los demandantes en sus escritos procesales. Se acompaña anexo con las citadas cantidades» [Energías Renovables reproduce a pie de página, íntegramente, el citado anexo].
2. Por otra parte, existen otros expertos que cifran la cuantía en una cantidad superior a los 10.000 millones de euros. ¿Tiene el Gobierno sus propias estimaciones? En caso afirmativo, ¿a cuánto ascenderían las cuantías reclamadas en caso de resoluciones favorables a los demandantes?
Respuesta. «No existen informes de la Abogacía del Estado que detallen la cuantía total reclamada por inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por los recortes a las energías renovables en España».
3. ¿Va a hacer frente el Estado al coste de estos laudos vía Presupuestos Generales del Estado como recientemente ha manifestado que lo hará con la sentencia del Tribunal Supremo en relación al bono social eléctrico? ¿Piensa el Gobierno trasladar este coste al sistema eléctrico y por tanto repercutirlo en el recibo de la luz?
El Gobierno no contesta si va a pagar el coste de esos laudos con cargo a los PGE. El Gobierno tampoco contesta si trasladará el coste al recibo de la luz.
4. ¿Apuesta el Gobierno por la contratación de asistencia jurídica al margen de la Abogacía del Estado? En caso afirmativo, ¿cuáles son los costes previstos que requeriría dicha externalización para defender a España?
El Gobierno no contesta.
5. Conforme a la elevada cuantía reclamada, ¿está valorando el Gobierno dotar a la Abogacía del Estado de recursos y estructura suficiente para afrontar los laudos? En caso afirmativo, ¿qué medidas se están tomando?
El Gobierno no contesta.
Nota
Las normas que modificaron la legislación y que desencadenaron la cascada de denuncias fueron las siguientes: el Real Decreto-ley (RDL) 14/2010 (con Gobierno Zapatero) y el RDL 1/2012, el RDL 13/2012, el Real Decreto (RD) 413/2014 y la Orden IET 1045/2014 (todos, aprobados por el Ejecutivo Rajoy). Según la Abogacía del Estado la cuantía reclamada supera los siete mil quinientos millones de euros (7.500 M€).
El Centro Internacional de Arreglo de Disputas entre Inversionista Extranjero y Estado (Ciadi), organismo dependiente del Banco Mundial, emitió el pasado mes de mayo un laudo sobre esta cuestión en el que estimó parcialmente la demanda del fondo luxemburgués Eiser Infrastructure Limited, compensando a Eiser con 128 millones de euros.
Según el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, "el resultado de este laudo compromete seriamente el resultado del resto", lo cual -explican desde el Grupo- podría traducirse en un impacto considerable "en las cuentas públicas o en el sistema eléctrico" (de ahí que el Grupo pregunte de dónde va a salir el dinero que atienda a esas indemnizaciones, pregunta que no ha sido contestada por el Gobierno).
Por otro lado, el Grupo considera además que "la reforma dañó seriamente la credibilidad de España ante los inversores internacionales". Estos se sintieron perjudicados cuando el Gobierno español decidió recortar por decreto el precio que había establecido para el kilovatio hora generado en instalaciones renovables (y por ello denunciaron); mientras que otros abandonaron sus intenciones de invertir en España a la vista de estos sucesos.
A continuación, el listado de procedimientos arbitrales energéticos y cuantías reclamadas
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