«Estados Unidos es uno de los países que más ha apostado por la energía fotovoltaica en los últimos años: a finales de 2016, el país tenía 35,8 gigavatios (GW) de potencia solar fotovoltaica instalada, y en el tercer trimestre del año pasado se instalaron más de cuatro gigas, siendo el mejor trimestre para la historia de la energía solar en Estados Unidos. Durante ese periodo, la solar fotovoltaica supuso el 39% de toda la potencia nueva conectada a red, por lo que, en promedio, cada 32 minutos se conectó un megavatio de energía solar fotovoltaica (FV).
Para poner en contexto este gran logro, es útil compararlo con el ejemplo español, donde se instaló un promedio de un megavatio cada 15 días en 2016. Ciertamente, el desarrollo visto hasta ahora no hubiera sido posible sin políticas estatales a largo plazo que fomentaran la sostenibilidad urbana y la lucha contra el cambio climático. En los últimos años, la proliferación de las instalaciones solares sobre tejado en Estados Unidos ha supuesto un cambio para el modelo tradicional de negocio de servicios públicos de electricidad, al alterar la relación entre los consumidores domésticos y las empresas eléctricas. Se están dando importantes debates en estados como California sobre cuáles son las mejores tarifas y regulaciones para asegurar que la solar fotovoltaica se siga desarrollando mientras que las empresas eléctricas sean remuneradas de manera eficiente por los servicios que prestan.
Una amplia variedad de políticas regulatorias
41 estados aplican distintas variaciones de políticas de balance neto para regular el autoconsumo solar, aunque la evolución de las políticas regulatorias de la generación distribuida está siguiendo un camino diferente en cada uno de ellos.
En Nevada, como consecuencia de presiones de las empresas eléctricas, el regulador ha cambiado la remuneración para autoconsumo de balance neto a precio de mercado, a pesar de que un estudio realizado concluyó que el balance neto para los sistemas instalados entre 2004 y 2016 proporcionaría un beneficio a consumidores domésticos sin autoconsumo de 36 millones de dólares estadounidenses (36 M$) durante la vida útil de los sistemas. Esa decisión se tomó después de conocerse la extensión del gobierno federal de prolongar los créditos por impuestos a la inversión en proyectos solares hasta 2020.
Arizona y Hawái también han eliminado el balance neto, pero han introducido otras tarifas y regulaciones para remunerar el autoconsumo. Hawái ha establecido dos tarifas: grid-supply (suministro a la red) y self-supply (auto suministro). La primera ofrece una remuneración un poco inferior a la tarifa doméstica, mientras que la segunda no permite inyectar a la red, pero tampoco introduce cargos a la energía autoconsumida. Por su parte, Arizona remunerará los excedentes en base a los precios históricos de los contratos de compra venta a largo plazo (PPAs) y un análisis de costes, sin cargos a la energía autoconsumida y sin medidas retroactivas.
Otros estados sin embargo siguen apoyando el balance neto: California lo ha extendido hasta por lo menos el año 2019 y Nueva York está en vías de mantenerlo para autoconsumidores domésticos y pequeños negocios hasta el año 2020. Massachusetts ha extendido para este año su programa Solar Renewable Energy Credit.
Políticas regulatorias basadas en análisis coste-beneficio y elaboración de metodologías
Afortunadamente, los análisis coste-beneficio se han convertido en una parte fundamental de los procesos estatales de fijación de tarifas para el autoconsumo. La mayoría de estos análisis, ya sean realizados por reguladores, laboratorios nacionales o universidades, concluye que los beneficios económicos del balance neto superan los costes y que, en general, es un beneficio neto para las compañías distribuidoras y para los consumidores domésticos.
Los estudios realizados por los reguladores estatales concluyen que la energía solar proporciona un beneficio público sustancial porque
- reduce los precios de la electricidad, debido al desplazamiento de fuentes de energía más caras,
- reduce la contaminación atmosférica y climática,
- reduce los costes del sistema de redes,
- reduce la necesidad de construir más plantas eléctricas para satisfacer el pico de demanda,
- estabiliza los precios y promueve la seguridad energética.
Estos costes evitados representan un beneficio neto para los consumidores domésticos que no autoconsumen.
Entre estos estudios, cabe mencionar el análisis llevado a cabo en 2013 por el Departamento de Servicios Públicos de Vermont, que concluyó que "los sistemas de medición neta no imponen un coste neto significativo a los contribuyentes que no son autoconsumidores", lo que supuso un componente importante de la política energética del estado y ayudó a conseguir las metas de energía renovable.
Otros análisis que cabe señalar son (1) el estudio de 2014 encargado por la Comisión de Servicios Públicos de Mississippi, que concluyó que en la mayoría de los casos los beneficios del balance neto para la energía solar fotovoltaica en el estado superan los costes; y (2) el estudio encargado por la Comisión de Servicios Públicos de Maine en 2015, que estableció un valor de 0,33 $ por kilovatio hora en la energía solar fotovoltaica generada, en comparación con el precio doméstico promedio de 0,13 $ por kWh.
Por lo que se refiere a la elaboración de metodologías, en 2014, la Comisión de Servicios Públicos de Minnesota aprobó la primera metodología federal de "valor de la energía solar" que afirmaba que la generación solar distribuida vale más que el precio que se paga por ella. También la National Association of Regulatory Utility Commissioners (Naruc) ha publicado el Manual de Compensación de Recursos Distribuidos, una guía con diferentes modelos para remunerar la generación distribuida centrándose en la compensación que deben recibir las compañías distribuidoras. En ningún caso el modelo consiste en, como en España, pagar cargos por la energía autoconsumida.
Otros análisis con un enfoque más a largo plazo llegan a la misma conclusión: la medición meta es generalmente un beneficio neto para la red y todos los contribuyentes.
Las conclusiones son bastante claras y pueden aplicarse a cualquier país que quiera desarrollar una industria solar sostenible para beneficiar a la sociedad de todas sus ventajas: es necesario debatir sobre cuál es la manera más eficiente de integrar la generación distribuida en la red, basándonos en análisis rigurosos que recojan todos los beneficios económicos, sociales y medioambientales, con miras a establecer una estrategia justa de recuperación de los costes que no representen amenazas a la energía solar».
Aída González, responsable de Política Energética de la Unión Española Fotovoltaica
