El presidente de ASIF no ha querido que en sus palabras quede sombra de duda partidista y ha explicado que cuando habla de un mejor gobierno “no quiero decir de otro partido. Puede ser de este mismo, o incluso este mismo. Pero tiene que hacer las cosas distintas. Hay que remediar lo que el Gobierno ha hecho”. Ese remedio a lo hecho se refiere a la decisión del Ministerio de Industria de recortar las horas de producción de la energía solar fotovoltaica con derecho al cobro de la prima. Una decisión adoptada por el ejecutivo vía Real Decreto-ley (RD-l 14/2010) que ha motivado que ASIF acuda a la Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano. La reunión ya tiene fecha. El próximo lunes 14 de febrero.
ASIF acude a la Defensora del Pueblo porque es una de las pocas instancias con capacidad para recurrir un Real Decreto-ley ante el Tribunal Constitucional, el único órgano judicial competente para pronunciarse sobre él. El Defensor del Pueblo de Navarra, como ha informado Energías Renovables, ya he enviado sus argumentos jurídicos a la Defensora del Pueblo para que interponga un recurso ante el Constitucional por seis posibles vulneraciones de la constitucionalidad vigente.
Javier Anta ha indicado que es factible que el recorte a las primas, un 30% de medida, provoque situaciones de embargo en agosto o septiembre a promotores que no pueden pagar a los bancos los préstamos que pidieron para poner en funcionamiento sus plantas. “Estoy hablando” -ha especificado- “del gran inversor y de la señora María, que se hipotecó”. El sector está formado por 54.000 instalaciones fotovoltaicas en las que han invertido unas 200.000 personas. En los últimos cuatro años la inversión asciende a unos 25.000 millones de euros, 10.000 corresponden a inversores extranjeros.
No a la “burbuja” de Zapatero
El presidente de ASIF también se ha referido a parte de la intervención del presidente del Gobierno en el Senado el pasado martes. José Luis Rodríguez Zapatero habló de cierto desequilibro en el sector fotovoltaico que “podría tener algún que otro paralelismo con algún otro sector que hemos tenido en la economía, con burbujas de gran impacto”, en alusión al sector inmobiliario.
En opinión de Javier Anta en 2008, cuando la potencia fotovoltaica prevista por el gobierno (400MW) se multiplicó por diez lo que sucedió es que se produjeron circunstancias favorables (rapidez en la concesión de créditos, rápido desarrollo tecnológico, primas favorables, o que “algunos papeles se dieron demasiado rápido”) que al final provocaron tensión en el sector eléctrico. Situación que, a su entender, no es comparable con la burbuja inmobiliaria. “Ahora hemos sabido que ese crecimiento era insostenible”.
Javier Anta también ha criticado la falta de valentía que a su juicio ha mostrado el gobierno para intentar atajar el fraude en la industria fotovoltaica, y ha censurado la campaña de manipulación y desprestigio con el sector. Se ha referido a informaciones como la que afirmaba la existencia de plantas fotovoltaicas produciendo de noche. Denuncias cuya falsedad demostró la Comisión Nacional de la Energía al inspeccionarlas. El error de la CNE, según el presidente de ASIF, es que se investigó plantas sospechosas y los datos se presentaron referidos al conjunto del sector. Javier Anta ha manifestado en diferentes ocasiones que el sector quiere transparencia y la desaparición de tramposos. “Nos hubiera gustado que se inspeccionaran todas las plantas y se les hubiera quitado la tarifa” a quienes no cumplieran con la ley.
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