Sin duda este es el elemento más polémico. Las asociaciones fotovoltaicas ya habían avisado de los perjuicios que supondría una norma que consideran retroactiva y a la que prácticamente califican de quebranto económico, de empleo y de credibilidad a nivel nacional e internacional.
El Real Decreto Ley dice, literalmente, “al igual que ha ocurrido con otros sectores como el eólico y el termosolar, se limitarán las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista. El ahorro logrado con esta medida asciende a 740 millones anuales. Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de 25 a 28 años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual”.
En la práctica esto significa modificar el régimen económico de la gran mayoría de las plantas fotovoltaicas, reguladas por el Real Decreto 661/2007, y en consecuencia las condiciones a las que los promotores e inversores aceptaron en su momento porque eran las legisladas. Entre las reglas del juego que establecía aquel Real Decreto, y que ahora se cambian, se incluía que las instalaciones recibirían una cantidad determinada por producir electricidad durante 25 años. Una percepción económica que según los cálculos del sector fotovoltaico se reducen un 30%.
Otras novedades
El gobierno también ha decidido que a partir del 1 de enero de 2011 la generación eléctrica financie las redes. Por ello tanto los generadores de régimen ordinario como de régimen especial pagarán un peaje de 0,5 €/MWh, lo que supondrá unos ingresos de 150 millones de euros anuales.
En cuanto al bono social las empresas eléctricas lo financiarán hasta 2013, seis meses más de lo previsto hasta ahora, lo que supondrá un ahorro de 150 millones de euros. Este bono supone la congelación de las tarifas eléctricas para los consumidores con potencias contratadas hasta 3 KW en su primera residencia, así como a familias numerosas, los perceptores de las pensiones mínimas y aquellos hogares que tengan todos sus miembros en paro. Tienen derecho a él unos 5 millones de consumidores.
A partir del 1 de enero de 2011 las empresas eléctricas asumirán el coste de las medidas relacionadas con la estrategia de ahorro y eficiencia energética durante tres ejercicios. Esta partida, que hasta ahora se sufragaba con cargo a la tarifa, supondrá un ahorro total de 670 millones: 270 millones en 2011, 250 millones en 2012 y 150 millones en 2013.
En cuanto al déficit de tarifa se modifican los límites máximos hasta 5.500 millones en 2010, 2.000 millones en 2011 y 1.500 millones en 2012, para adecuarlos las desviaciones y se mantiene el punto en el que se alcanza la suficiencia tarifaria en el año 2013.
Ahorrar 4.600 millones de euros
La norma, explica el gobierno, “se inscribe en la política de racionalizar y contener los costes regulados del sistema eléctrico, búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y protección de los consumidores más vulnerables mediante la ampliación del bono social y se suma a otras actuaciones legislativas aprobadas en la presente legislatura. En conjunto, las medidas aprobadas en 2010 suponen un ahorro de más de 4.600 millones de euros en los próximos tres años, 1.660 en 2011, 1.510 en 2012 y 1.446 en 2013”.
El ejecutivo asegura que después de 25 años de incrementos sostenidos próximos al 4% anual ha caído la demanda eléctrica. La consecuencia directa de ello es la pérdida de ingresos para el conjunto del sistema y, adicionalmente, “un aumento del montante total de los costes regulados por el efecto de la caída de la demanda”. Por ello el gobierno ha “adoptado una serie de medidas tendentes a racionalizar los costes regulados y reducir el déficit de tarifa, entre las que destacan la aprobación del RD-L 6/2009 por el que se estableció una senda de reducción del déficit de tarifa y creó un prerregistro para las energías renovables con el fin de evitar una entrada en el sistema de plantas por encima de los objetivos previstos y un aumento innecesario de las primas que reciben estas instalaciones”.
Fruto de estas políticas, en 2010 se llegó a un acuerdo con el sector eólico para reducir temporalmente sus primas un 35% y limitar el número de horas con derecho a prima y se pactó con el sector termosolar por el que se eliminó la opción de retribución a precio de mercado más prima (más ventajosa que la opción de tarifa regulada) para todas las plantas inscritas en el pre-registro durante un año, retraso en la fecha de entrada en operación de las plantas inscritas en el prerregistro, y limitación del número de horas con derecho a prima en función de las distintas tecnologías. En el caso de la fotovoltaica no hubo acuerdo y se aprobó un Real Decreto para las plantas de nueva creación que reducen las futuras primas en un 5% (instalaciones de techo pequeño), 25% (instalaciones de techo medianas) y 45% (instalaciones de suelo).
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