En declaraciones a Energías Renovables, Adrián Mendoza ha explicado que contabilizando las peticiones recibidas por el gobierno canario y las autorizaciones de puestas en marcha realizadas se puede estimar que la actividad fotovoltaica ha caído en Canarias un 90% desde el pasado mes de septiembre. “En septiembre de 2008 habíamos cumplido con más de la mitad del objetivo del Plan Energético de Canarias 2006-2015. La potencia instalada estaba en torno a 85 MW y el objetivo final son 160 MW. Íbamos muy bien hasta que se ha producido el frenazo”.
¿Qué hacer? En opinión del Director General de Energía de Canarias hay que cambiar la legislación. “Supongo que la solución pasa por reconsiderar el Real Decreto 1578/2008. Este sistema de tarifas, primas y cupos puede ser bueno y rentable económicamente para el gobierno y para la tarifa (eléctrica), pero se está cargando el futuro de la fotovoltaica”.
La posición del gobierno canario, dice Adrián Mendoza, es que se cambie el Real Decreto para que los proyectos sean viables desde el primer minuto, para que el empresario que decide realizar una instalación fotovoltaica tenga seguridad y certeza, “lo que no puede ser es una ruleta rusa, como sucede ahora”.
Régimen especial para Canarias
El Director General de la Energía entiende que las islas Canarias deberían tener una situación especial al tratarse de un territorio fragmentado, totalmente dependiente del petróleo y con un potencial fotovoltaico inmenso que podría ser importante tanto para crear empleo como para aumentar la independencia energética de la comunidad autónoma. Ante el gobierno central se ha hecho un planteamiento general de excepcionalidad que, asegura Adrián Mendoza, “no ha tenido buena respuesta en el Ministerio de Industria”.
“No hemos pedido nada concreto, pero sí hemos realizado un planteamiento general explicando que en Canarias cada isla tiene un sistema eléctrico propio, que no afectamos al resto del sistema eléctrico nacional, que tenemos problemas de suministro al estar alejados del continente y de los centros de producción. Por todo ello estamos pidiendo un trato diferenciado”.
