La oficina de María Luisa Cava de Llano y Carrió, Defensora del Pueblo en funciones, ha remitido un escrito al Defensor del Pueblo de Navarra en el que explica "tras la reunión de la Junta de Coordinación y Régimen de esta Institución, celebrada el 24 de marzo de 2011, en la que ésta conoció e informó sobre la solicitud de interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley 14 /2010, de 23 de diciembre, he considerado procedente no hacer uso en la presente ocasión de la legitimación que me confiere el artículo 162.1 de la Constitución”.
En ese escrito, al que ha tenido acceso Energías Renovables, se afirma que el “Defensor del Pueblo como institución constitucional ha de permanecer al margen de cualquier conflicto procesal en el que no resulte imprescindible su intervención”. La negativa a acudir al Tribunal Constitucional, sin embargo, está acompañada de recomendaciones al Ministerio de Industria que favorecen las demandas de los productores fotovoltaicos.
Industria debe recapacitar
Dice literalmente que “se valore la posibilidad de ordenar el aumento de producción de horas equivalentes de funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas, distinguiendo además entre las diferentes zonas climáticas de España. También se recomienda que, con el fin de evitar situaciones de incertidumbre se proceda a elaborar una normativa estable y clara para el sector eléctrico en régimen especial”.
El Defensor del Pueblo realiza estas recomendaciones a Industria después de estudiar la situación derivada de la nueva normativa, que a su juicio “pone en evidencia la necesidad de una regulación estable del sector eléctrico” y teniendo en cuenta el cambio de panorama que se ha producido desde la aprobación del RD-L 14/2010 por el incremento del precio del petróleo por los conflictos que se viven en algunos países productores y por los problemas que ha generado el terremoto de Japón en la planta nuclear de Fukusima que “suponen en el momento actual una desconfianza en la seguridad de la energía nuclear”.
También se ha preocupado por el acceso de los productores fotovoltaicos afectados a las líneas de financiación del Instituto de Crédito Oficial, un asunto que se prevé en la Ley de Economía Sostenible pero sin determinar la forma en la que se producirá. Por ello, se ha solicitado al Ministerio de Industria un informe “en el que se señale la disponibilidad de fondos, y en su caso, si existe previsión de dotación de fondos suficientes para hacer frente a las solicitudes”.
