El recurso de inconstitucionalidad fue presentado ante el Tribunal Constitucional el 5 de enero de 2016 por el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, contra el apartado 12 del artículo único de la Ley 11/2015, de 30 de marzo, de modificación de la Ley 10/2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, informa Anpier.
El precepto impugnado permitía que las instalaciones previstas para el aprovechamiento de fuentes de energía renovables cuya finalidad fuera la producción de energía eléctrica, sobre las que quedará acreditado el consumo de la totalidad de la energía producida, así como la ausencia de conexión eléctrica con la red del sistema eléctrico –bien mediante el aislamiento físico o bien mediante medios técnicos que produzcan un efecto equivalente al mismo– podrían ser consideradas como instalaciones aisladas del sistema eléctrico.
Así, al considerarse aisladas, estas instalaciones quedaban exentas de tener que pagar el “impuesto al sol”, que grava dicha modalidad de producción, alargando con ello de manera sustancial el periodo de amortización de las instalaciones fotovoltaicas y disuadiendo a los particulares, profesionales y empresas a generar su propia energía, puesto que dichas cargas igualan el coste de la energía obtenida del sol al precio ofertado por las empresas del oligopolio eléctrico.
Una región valiente
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier ha declarado, al conocer la sentencia, que “Murcia merece y debe reclamar toda la competencia necesaria a la hora de procurar el bienestar de los murcianos. El Gobierno central no debería cercenar el derecho a producir energía a través de sol de ningún ciudadano español”, añade.
Martínez-Aroca aplaude la valentía del gobierno de la Región y afirma que “no tenemos dudas de que el Gobierno murciano buscará soluciones políticas para desbloquear esta situación y permitirnos el acceso a un recurso energético inagotable, barato y no contaminante”.
Anpier considera que más allá de un conflicto de competencia, existe una lucha de intereses por el control de la generación de la energía, puesto que, derribadas las barreras tecnológicas que impedían al pueblo producir su energía, se levantan ahora restricciones normativas que bloquean esa posibilidad, negando a Murcia y al resto de España bienestar y ventajas competitivas.
“Desgraciadamente, los actores del ´viejo modelo´ se niegan a compartir lo que parece que consideran un mercado exclusivo y ralentizan la transición renovable y el autoconsumo. Son las administraciones las que deben asumir la responsabilidad de definir el nuevo marco energético, obviando la presión de los monopolios y procurando el beneficio de los ciudadanos, que ahora tienen la posibilidad, y deberían tener también el derecho, de producir energía”, afirman desde Anpier.
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