El 79% de la potencia fotovoltaica instalada el año pasado en España -o sea, 17 de los 22 megavatios puestos en marcha- llegó de la mano del autoconsumo solar fotovoltaico, que presenta dos modalidades. Una: instalaciones que promueve un particular para generar electricidad que consume ese mismo sujeto (instalaciones que le permiten pues ahorrarse unos kilovatios, que no tendrá que adquirir consecuentemente a la compañía a la que está conectado). Y dos: instalaciones completamente aisladas, o sea, instalaciones cuya producción solo abastece a su propietario, pero que se diferencian de las anteriores en que no están conectadas a la red, sino que se encuentran en lugares a los que no llega esta.
El caso es que esos 17 megavatios, ese 79% del total de la potencia FV instalada en España en 2014 -explican desde UNEF- no recibió, ni recibe, ni pide, prima de ninguna clase. A cambio, la asociación solicita que no se castigue esas iniciativas con gravámenes -como el impuesto al sol- que parecen diseñados no más que para torpedear esa vía de ahorro de electricidad, porque eso y no ninguna otra cosa -solución de ahorro- es el autoconsumo. La UE promueve esta manera de generar electricidad y UNEF cree que el denominado impuesto al sol que acaba de aprobar el Ejecutivo Rajoy colisiona con las directrices europeas, por lo que está estudiando interponer recursos varios, ante el Tribunal Supremo y la justicia europea. ¿Motivo? Pues, grosso modo, que el impuesto al sol discriminaría negativamente a los autoconsumidores, que se verían obligados a pagar más impuestos por kilovatio que los no autoconsumidores.
Por lo demás...
La asociación denuncia que la Ley del Sector Eléctrico que aprobara el Ejecutivo Rajoy en diciembre de 2013 ha cambiado "con aplicación retroactiva las condiciones establecidas en las anteriores normativas, condiciones bajo las cuales se realizaron las inversiones actuales en energía fotovoltaica" (grosso modo, lo que planteaba y plantea esa ley es el cambio del sistema de primas por el sistema de los costes estándares y la "rentabilidad razonable"). El caso es que, so pretexto de esa presunta "rentabilidad razonable", el Gobierno -continúa UNEF- ha aprobado una serie de normas cuya aplicación se ha traducido en unos recortes de hasta el 55% de los ingresos que habían previsto los productores fotovoltaicos a la luz del anterior régimen administrativo.
La historia es tal y como sigue
El legislador crea un marco legal -vía BOE- en el que establece unas condiciones determinadas: el kilovatio generado en una instalación solar -dice ese marco-, y en tanto en cuanto es un kilovatio limpio (no emisor de CO2), merece una retribución muy concreta (que especifica el BOE) durante un período muy concreto (que también concreta el BOE), una retribución que reconoce esa singularidad. Y la electricidad renovable merece esa retribución singular porque, a diferencia de la convencional -dice el Boletín Oficial del Estado-, no ensucia, es limpia. Pues bien, los inversores, a la luz de ese marco, diseñan su hoja de ruta: invierto tanto; mi instalación genera tanto; el gobierno avala que el precio que recibiré por cada kilovatio que yo produzca será tanto (gracias a ese aval, por cierto, he obtenido un préstamo del banco); dado lo dado, puedo devolver mi crédito en tales plazos; amortizo mi inversión en tales otros; y, finalmente, obtengo la rentabilidad que persigo.
¿Y qué ha pasado?
Pues que el Ejecutivo Rajoy ha incendiado en estos cuatro años todo ese edificio (construido con papel del Estado, papel de BOE). Ha cambiado en fin todas las reglas, le ha recortado a esas instalaciones -explica UNEF- hasta el 55% de sus ingresos y ha colocado así en un brete a todo aquel que apostó por la fotovoltaica, fiado en el Boletín Oficial del Estado (ahora, muchos inversores se han visto obligados a refinanciar su inversión, porque en muchos casos los ingresos por la venta de los kilovatios FV ya no son suficientes como para satisfacer el pago de la deuda que el inversor contrajo con la entidad bancaria que le financió esa instalación). Además, y más allá de todas esas instalaciones presentes (las afectadas por el recorte), los inversores del porvenir se han puesto en alerta (ya se sabe: cuando las barbas del vecino veas recortar...). ¿Resultado? 22 megas en 2014, lejos-lejísimos de los números que arrojara el sector en este país en los años precedentes, cuando se instalaban centenares de megas cada doce meses.
¿Consecuencia?
UNEF las detalla en su informe: "el cierre de empresas registrado el año pasado en España, la pérdida de 2.500 puestos de trabajo y la reducción de la producción fotovoltaica" (la asociación explicaba ayer que los menos ingresos -y la necesidad de atender la deuda- se han traducido en más de un caso en una menor atención a la operación y el mantenimiento). Todo ello demuestra -explica UNEF- "la ineficacia de la política energética del Gobierno", que se ha elevado sobre "unos cambios retroactivos que han supuesto una ruptura de la seguridad jurídica que ha situado a España en el país más demandado de Europa ante el Ciadi y con más de 400 recursos abiertos en los tribunales nacionales" (el Ciadi es un tribunal internacional, dependiente del Banco Mundial, que trata contenciosos relacionados con las diferencias relativas a inversiones).
¿Y cómo ha justificado su recorte el Ejecutivo?
La historia es tal y como sigue. El Gobierno encarga a dos consultoras -presupuestó para ello casi un millón de euros- que hagan un estudio sobre los costes de las instalaciones renovables. A saber: cuánto les ha costado a sus promotores poner esas instalaciones en marcha; y cuánto les cuesta su operación. Industria encarga esos informes con el fin de elaborar, a partir de ellos, una nueva normativa, una norma que vendría a sustituir a las primas -que el Ministerio considera demasiado elevadas- por una rentabilidad más razonable (en torno al 7,5%, pues esa es la rentabilidad que Industria considera razonable para las instalaciones fotovoltaicas). Pues bien, tras una serie de oscuros avatares y maniobras que detallamos aquí, finalmente es aprobada la norma de la "rentabilidad razonable".
El asunto queda grosso modo así
El Ejecutivo define 1.400 tipos de instalación fotovoltaica (cada instalación es asimilada a un tipo) y, a continuación, el Ejecutivo le aplica una rentabilidad razonable a cada tipo. Eso sí, los estudios en los que se basa el Ejecutivo para establecer esa rentabilidad no ven nunca la luz. Aunque UNEF y otras asociaciones no se cansan de reclamarlos, a la par que denuncian que esos costes están mal calculados. En la presentación del «Informe UNEF 2015», el director general de la asociación, José Donoso, ha vuelto a denunciar esos cálculos erróneos y, así mismo, ciertas declaraciones. Donoso ha mencionado concretamente la entrevista que le hiciera Ana Blanco a Mariano Rajoy esta semana en Televisión Española. En ella, el presidente dice (minuto 39) que la energía solar FV "tenía una prima garantizada por el Estado, una rentabilidad de entre el 20 y el 25%. Esa prima que cobraba esa persona que tenía un huerto solar la pagaba usted y todos los demás españoles en el recibo de la luz. Yo ahora he dicho que el Estado garantiza una ganancia del 7,5%, que no está mal".
Y UNEF dice que Rajoy miente
Según el director general de la asociación, el dato aportado por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, no solo es falso, sino que, además, la falsedad de esa cifra ha de conocerla necesariamente el Gobierno, pues la propia UNEF entregó hace meses su base de datos al Ministerio de Industria, una base que contiene información verificable sobre el 25% de las instalaciones fotovoltaicas del país. Y la rentabilidad media de todas esas instalaciones -apuntó con precisión ayer Donoso- es del 6%, no ni mucho menos del 20 o del 25%. A estas horas, en todo caso, el Ministerio de Industria no ha publicado aún los estudios a partir de los cuales, presuntamente, habría elaborado su "rentabilidad razonable" y lo único cierto es que los principales beneficiarios del recorte ejecutado por Industria son los bancos, que están refinanciando centenares de instalaciones, que se están viendo obligadas a refinanciarse porque, probablemente, su nueva "rentabilidad razonable" no es tan razonable como estima el Ejecutivo o apunta el señor Rajoy en TVE.
No todo son malas noticias
De las patentes españolas de energías renovables -explica UNEF-, la solar es la que más patentes ha generado en el periodo 2000-2014, con un 44,44% de registros. Según datos de Fotoplat, la plataforma tecnológica para el fomento del I+D fotovoltaico en España, que ha colaborado con el Informe Anual de UNEF; la I+D española está despuntando a nivel internacional en la integración fotovoltaica en la edificación, en la concentración fotovoltaica y en desarrollos relacionados con células solares basadas en perovskitas. Los nuevos mercados para el desarrollo del I+D fotovoltaico han surgido fundamentalmente en torno al concepto de autoconsumo y los sistemas aislados. La colaboración público privada ha situado la actividad investigadora en energía solar fotovoltaica entre las más productivas de España. El programa nacional Innpacto en el periodo 2011- 2013 muestra que, sobre un total de 193 proyectos aprobados, 24 de ellos correspondieron a fotovoltaica y, de los 329,4 M€ de ayudas totales, 45,6 M€ (13,8%) se aplicaron a la fotovoltaica. Pese al clima adverso, el programa europeo Horizonte 2020 ha financiado cuatro proyectos fotovoltaicos con una inversión de 16,83 M€.
