Tanto los grandes inversores internacionales, como las decenas de miles de familias españolas -explican desde la Asociación- están unidos a unas inversiones en renovables que fueron pedidas en el año 2007 por el Estado español, con la finalidad de alcanzar el objetivo europeo de renovables para España, madurar la tecnología fotovoltaica, crear un tejido empresarial en este sector y abaratar los costes energéticos. Todos estos objetivos -continúa Anpier- se alcanzaron con éxito, "pero el Estado decidió cercenar los ingresos de estas instalaciones". Sin embargo, la suerte de los inversores nacionales y los internacionales se separa en el momento de reclamar las lógicas compensaciones por los daños causados por los recortes.
Y, así, mientras que las familias acudieron a la justicia española, que consideró que estos cambios "deberían de haber sido previstos por estas familias", los inversores internacionales acudieron al órgano de resolución de conflictos del Banco Mundial, que está emitiendo laudos que otorgan la razón a los demandantes e imponen al Reino de España la obligación de compensar el daño causado a estos inversores. Los inversores internacionales han podido acudir al Banco Mundial porque España firmó en 1996 la Carta de la Energía, que abre esa posibilidad. Los inversores nacionales sin embargo no pueden acudir a esa instancia.
Anpier destaca que "en las campañas y en los materiales que difundió la Administración del Estado para captar las inversiones de estas familias jamás se contemplaba un escenario de cambio de condiciones". La Asociación solicita por eso a los candidatos que concurren a las elecciones generales del próximo 23J "que tengan presente que 65.000 familias españolas sufren un grave agravio comparativo frente a los grandes fondos" y reclama al gobierno entrante, sea el que sea, una "mesa de trabajo" que sirva "para zanjar el mayor descrédito internacional que ha conocido nuestro país en democracia y el abuso más laceante contra sus nacionales".
