El Diccionario de la Real Academia Española recoge la voz Certeza, en su primera acepción, como: “conocimiento seguro y claro de algo” y, en su segunda, como: “firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar”. Las 60.000 familias españolas que pensaron que la palabra del Estado expresada en un Boletín Oficial del Estado, con la firma del presidente del Gobierno y la rúbrica del Rey, ofrecía certidumbre, llevan casi una década sumidas en el más profundo de los desasosiegos, en una pesadilla que parece no tener fin, y que se inició a los pocos meses de haber destinado todos sus recursos familiares a una misión pedida por el Estado: desarrollar y producir energía solar fotovoltaica.
Sin embargo, sí es absolutamente cierto que, gracias a nuestro colectivo, la fotovoltaica aporta energía limpia y ha madurado de tal manera que, por fin tenemos la llave para trasformar nuestro letal modelo energético y evitar los efectos más dramáticos de un cambio climático, que está quebrantando la salud del Planeta y de los seres que lo habitamos.
La fotovoltaica es la tecnología de generación de energía más barata que existe. Esta es otra certeza incuestionable, así como que hemos llegado a este punto porque 60.000 familias cumplieron y cumplen con todos sus compromisos de pago y con todas las obligaciones normativas que les son de aplicación.
Nuestro colectivo ha visto cómo sus expectativas de inversión se han desvanecido porque el Estado no ha cumplido con las condiciones que motivaron las inversiones fotovoltaicas, mientras los inversores internacionales sí están logrando la justicia que aquí nos ha resultado sorprendentemente esquiva. Por ese motivo, estamos a la espera de una solución política que restablezca de forma satisfactoria la seguridad jurídica que hemos visto quebrantada de forma sorpresiva, arbitraria y abusiva.
Bien es cierto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha indicado que cualquier retribución para las instalaciones fotovoltaicas del llamado otrora régimen especial que fuera inferior al 7,09% estaría fuera de lo razonable; pero de poco nos sirve esta indicación del regulador si nuestros activos están siendo valorados muy por debajo de lo que realmente nos costaron. Si el 7,39% que ahora tenemos es, en realidad, un 2 ó un 3% en la mayoría de los casos, un 7,09% sería un recorte adicional sobre una rentabilidad ficticia, que al sector siempre le ha parecido una burla.
2018, en resumen, ha sido más de lo mismo: esperar, sufrir y aguantar, al tiempo que se van sucediendo, uno tras otro, laudos favorables a los inversores internacionales. Ahora tenemos dos retos por delante que han de cristalizar en el año 2019. Por una parte, ofrecer una solución satisfactoria a las familias fotovoltaicas españolas, para restablecer un marco cierto y justo sobre el que puedan operar con tranquilidad. Y, por otra, es preciso afrontar el reto de que no se apropien en exclusiva de la generación fotovoltaica un pequeño grupo de empresas en régimen de oligopolio, sino que se socialice la generación a través del autoconsumo y de desarrollos fotovoltaicos privados y públicos, instalaciones de tamaño medio, que pertenezcan a pymes (pequeñas y medianas empresas), particulares, cooperativas o entidades públicas.
Nosotros hemos madurado la generación fotovoltaica y hemos demostrado que los ciudadanos, bien organizados, podemos producir energía con absoluta solvencia técnica. Cualquier otro diseño de la propiedad de la generación no tiene explicación racional desde la óptica del bien común. Quizá, si se analizara desde otros puntos de vista, como los intereses mezquinos de algunas empresas que no quieren reducir sus ingresos, ni perder sus modelos de negocio fósil, y pensáramos que han gozado de normativas favorables a sus intereses, pudiéramos encontrar una lógica perversa.
Hay mucho por hacer. Afrontamos una tarea inmensa y trascendental. En España, aproximadamente el 32% de la energía eléctrica consumida en 2017 fue de origen renovable; pero el consumo eléctrico representa, tan solo, el 35% del total de energía que consumimos. El resto es de origen fósil y contaminante, por lo que tan solo un 12% de la energía primaria que consumimos en el último ejercicio fue de origen renovable y, por lo tanto, no contaminante. Así que es mucho lo que debemos avanzar: primero en electrificar los consumos domésticos e industriales y, al mismo tiempo, en que la energía eléctrica que se genere provenga de fuentes renovables y esté, en justa medida, en manos de los ciudadanos.
Sin duda, intereses empresariales siempre hay, y son legítimos, es el regulador el que ha de disponer aquello que esté alineado con el bien común. Hasta la fecha, las normativas han favorecido notablemente a las empresas tradicionales, pero pensamos que hay espacio también para las pequeñas iniciativas y percibimos ahora una mayor sensibilidad a este respecto, hacia lo renovable y social. Sería triste que pasemos a un modelo renovable, que es inevitable, pero no social.
Eso sí, para avanzar con paso firme hacia un nuevo modelo de producir y consumir energía, es preciso disipar las incertidumbres y dar paso definitivo a las certezas, urge un marco estable en el tiempo para todos y, en especial, para los productores fotovoltaicos. En ese trance estamos.
Por Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier)
Nota
Esta tribuna fue escrita apenas unos días antes de que el Ministerio para la Transición Ecológica anunciara el comienzo de la tramitación del anteproyecto de ley que establece las "nuevas tasas de retribución financiera aplicables a las distintas actividades con retribución regulada del sistema eléctrico para el periodo 2020-2025". Ese anteproyecto, que aún debe convertirse en un texto regulatorio firme, propone que la tasa de rentabilidad (7,389%) que actualmente tienen reconocida las instalaciones anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013 se mantenga estable hasta el 31 de diciembre del año 2031. Ese anteproyecto ha sido considerado por Anpier como el primer paso en la hoja de ruta hacia la recuperación de la seguridad jurídica.
