El documento legal en cuestión se encuentra actualmente en fase de información pública (lo estará hasta el próximo 3 de diciembre), abierto a las aportaciones de los colectivos que quieran enriquecer el texto. El Ejecutivo castellano manchego se ha comprometido a aprobar la Ley "antes de finalizar la legislatura". Según el comunicado que ha difundido el Gobierno regional sobre el particular, una vez esté en vigor la nueva norma, "serán obligatorias una serie de tasas, como las específicas para empresas que gestionen residuos y éstos terminen en los vertederos; y fianzas para todas las empresas que trabajen con residuos de todo tipo para que, en caso de un problema medioambiental, sean ellas y no los ciudadanos los que paguen el coste de las acciones de limpieza, cumpliendo así el principio de quien contamina, paga".
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha anunciado además la puesta en marcha de un Plan Solar, "a través del cual se instalarán sistemas de generación de electricidad gracias a la energía solar para el autoconsumo en 861 edificios de la Administración regional, lo que supondrá una inversión de 50 millones en los próximos cinco años que conllevará un ahorro del 30% del consumo de combustible".
El socialista Emiliano García-Page es el presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. Fue investido en julio de 2015 gracias a Podemos, que sumó sus dos votos (la formación morada obtuvo en las autonómicas dos diputados) a los 15 socialistas. Esos 17 votos a favor de Page se enfrentaron a los 16 del grupo parlamentario popular, que perdió el gobierno regional, presidido durante la anterior legislatura por María Dolores de Cospedal.
