La Comisión Europea va a cerrar la investigación por el riesgo de distorsión en el mercado europeo de las foltovoltaicas por la entrada de capital chino en varias empresas que optaban a un proyecto en Rumanía que finalmente han decidido retirar sus candidaturas de la licitación. Así lo ha anunciado en un comunicado el comisario de Mercado Interior, el liberal Thierry Breton, quien ha advertido de que la estrategia de "invertir masivamente" en el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas para reducir las emisiones contaminantes y bajar los precios de la energía "no debe hacerse a expensas de la seguridad energética, la competitividad industrial ni de los empleos europeos". Por ello, ha añadido, las nuevas reglas comunes sobre subvenciones extranjeras "garantiza que las empresas foráneas que participan en la economía europea lo hagan respetando las reglas sobre competencia justa y transparencia".
El caso se remonta al pasado mes de abril, cuando el Ejecutivo comunitario anunció la apertura de una "investigación en profundidad" para determinar si China estaba ofreciendo una "ventaja indebida" a determinadas compañías en Europa con subsidios ilegales. En concreto, los servicios comunitarios investigaban en este caso los consorcios de Enevo Group (incluida LONGi Solar Technologie GmbH) y de Shanghai Electric para optar a través de la rumana Societata Parc Rovinari a un proyecto para el diseño, construcción y explotación de un parque fotovoltaico en Rumanía financiado parcialmente por el fondo europeo de modernización. Sin embargo, los fabricantes de paneles solares chinos bajo examen han optado finalmente por retirarse del concurso público para evitar el control de Bruselas. "Tomamos nota de la decisión de dos compañías de retirarse de la licitación (...) que se produce después del anuncio de la Comisión Europea del 3 de abril de que abriría una investigación en profundidad", ha indicado Breton, quien ha añadido que, como resultado de ello, sus servicios "cerrarán la investigación".
Las nuevas reglas de la Unión Europea para proteger sectores clave de distorsiones por subsidios extranjeros exigen a las empresas a notificar sus licitaciones de contratación pública cuando el valor estimado del contrato supere los 250 millones de euros y la sociedad haya recibido al menos 4 millones de euros de inversión de un país extracomunitario al menos una vez en los tres años anteriores al concurso. Este reglamento supone que si en el marco de una investigación se confirman las irregularidades, Bruselas puede acordar compromisos con las empresas para corregir las distorsiones o prohibir la adjudicación de los contratos en caso de que no cooperen o persistan las ayudas ilegales.
