El consejero Pons ha valorado positivamente el RDL 15 de octubre de 2018 "en dos aspectos fundamentales, como son [1] la eliminación del impuesto al Sol y de las trabas hasta entonces existentes para el autoconsumo y [2] la desaparición de la exigencia de ser gestor de carga para poder instalar y ser titular de puntos de recarga para vehículos eléctricos". Con respecto al primero de los asuntos, Pons ha recordado que el Ejecutivo regional ha otorgado hasta ahora ayudas al autoconsumo por valor de cinco millones de euros "a empresas y particulares" y ha anunciado que en 2019 su Gobierno destinará otros 2,2 millones en ese sentido. Con respecto al segundo de los asuntos -el relativo al vehículo eléctrico-, el consejero ha señalado -informa el Govern- que la eliminación de la figura del gestor de carga "supone, en la práctica, la apertura de posibilidades de negocio en el suministro de energía a los vehículos eléctricos para cualquier persona que quiera aprovechar esta oportunidad".
Movilidad
"En Baleares hemos tenido claro desde el primer momento -ha explicado Pons- que la movilidad era una pieza clave en el cambio de modelo energético, y, por eso, tener una infraestructura de puntos de recarga suficiente ha sido una prioridad. Por eso -ha añadido-, además de los más de trescientos puntos ya instalados, en estos momentos se están ultimando los últimos trámites para convocar el concurso más ambicioso que se ha hecho para disponer de una red amplia de puntos de recarga rápidos y semirrápidos, a la que destinaremos 12 millones de euros". El Govern desarrollará este proyecto con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible. El objetivo balear es instalar entre 500 y 700 puntos más con este concurso, hasta alcanzar los mil puntos en 2023.
El Govern balear informa
El Ejecutivo regional abrirá un concurso que se dividirá en tres líneas: línea de adjudicación, a empresas, de lotes de puntos de recarga distribuidos por islas -y en el caso de Mallorca, por zonas- con el fin de garantizar una distribución proporcionada de todos los puntos; una segunda línea dirigida a administraciones locales; y una tercera línea abierta, y con la libertad de ubicación de los puntos, a cualquiera que quiera dedicarse al suministro de energía (por ejemplo -concreta el Ejecutivo-, un supermercado que tenga aparcamientos o un restaurante). Estos serán puntos gestionados desde el ámbito privado, pero dirigidos al público general.
