Avaesen ha indicado que “ha encargado a un gabinete jurídico la elaboración de un estudio acerca de la medidas legales que emprenderán la asociación y sus 160 empresas asociadas por reclamación patrimonial, en caso de que el nuevo Real Decreto que apruebe en Gobierno recoja la retroactividad en la reducción de las tarifas”.
La reclamación patrimonial vía judicial no es la única medida que se adoptará para que el gobierno dé marcha atrás en sus intenciones. El secretario de Avaesen, Marcos Lacruz, ha indicado que “vamos a elaborar un calendario de movilizaciones y a poner en conocimiento del Ministerio de Industria y de la Presidencia del Gobierno la verdadera situación del sector a través de una carta modelo que enviaremos tanto desde Avaesen como cada asociado y cualquier empresa, institución o persona que lo necesite”.
Afección a grandes inversores y pequeños ahorradores
La asociación también decidió poner en conocimiento del Ministerio de Industria que las “brutales medidas que quieren llevar a cabo no sólo afectarán a grandes inversores sino que causarán un gran perjuicio a muchos pequeños ahorradores que han confiado su plan de pensiones a las energías renovables alentados, precisamente, por las anteriores tarifas aprobadas por el Gobierno, que aseguraban una prima durante 25 años“.
La asamblea acordó igualmente exigir al Gobierno central un Plan Estratégico de la Energía hasta 2020. El vicepresidente de relaciones institucionales, Jorge Burguete, ha señalado que “hay que ser realistas y aceptar que se está ante un escenario que no es beneficioso no sólo para la energía fotovoltaica sino para todas las energías renovables. Si aceptamos lo que propone el Gobierno central, se establece un precedente para que puedan hacer lo mismo con otras energías“. Por ello ha abogado por “exigir que el Gobierno elabore y cumpla un Plan Estratégico de la Energía hasta 2020” por considerar que, “en caso contrario, el sector no sobrevivirá y además, no se podrán cumplir las exigencias de la Unión Europea en materia energética”.
El presidente de Avaesen, José Antonio Soler, ha explicado que la siguiente acción que emprenderá su asociación es “reunirse con el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana para explicarle nuestro punto de vista, ya que la inseguridad jurídica ante la que estamos, puede provocar la fuga de inversiones tanto nacionales como extranjeras en el sector de las energías renovables, lo que supondría el final del sector”.
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