La asociación considera que las medidas adoptadas causan un gravísimo quebranto al sector fotovoltaico español y vulneran el principio de confianza legítima en las leyes, por lo que las recurrirá en los tribunales. Su argumento es que “los ingresos de una instalación solar son, básicamente, el producto de multiplicar la tarifa fijada por el Gobierno por sus horas de operación. Cualquier alteración de estos dos factores supone un cambio en la rentabilidad final de dicha instalación”.
No lo entiende así el Ministerio de Industria, afirma ASIF. Considera que, “aunque sea ilegal modificar retroactivamente la tarifa, no lo es introducir una limitación en el número de horas de operación. Basándose en esta abstracción mental, el gobierno ha aprobado hoy una normativa gravemente perjudicial para el sector, para los miles de inversores que han confiado en la seguridad jurídica del país y para la propia credibilidad de España, precisamente en un momento en que se halla muy cuestionada por la dureza de la crisis”.
En estas circunstancias, ASIF ha anunciado que acudirá a los tribunales y establecerá cauces especiales para facilitar los recursos de sus casi 500 socios y de los miles de clientes que representan.
Acoso y derribo
ASIF afirma que el sector fotovoltaico lleva un año sufriendo una campaña de acoso y derribo por parte del Ministerio de Industria y recuerda que hace tan solo un mes el gobierno aprobó un Real Decreto que incluye reducciones de tarifa de hasta el 45%. Con todo ello, más la decisión de hoy “el gobierno ha ratificado su abandono de la apuesta solar, de la que había hecho bandera el mismo presidente del Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero. Ya no cabe ninguna duda sobre la hipócrita incoherencia entre el discurso favorable a la energía solar del gobierno y la realidad de sus actos”, afirma la asociación fotovoltaica.
Desastre sectorial
ASIF no ha querido adelantar el alcance del “desastre” que se avecina en un sector “muy dañado tras dos años de mínima actividad por culpa de la inseguridad jurídica y de la mala regulación: desde septiembre de 2008 había perdido el 90% del empleo temporal y el 30% del fijo, unos 30.000 empleos en total; sólo las empresas con actividad en el extranjero estaban trabajando con cierta normalidad. Indudablemente, las últimas normas aprobadas aumentarán el fracaso de los proyectos empresariales y el volumen de los despidos, y acelerará la deslocalización y la huida al exterior”.
Recientemente, ASIF estimó que si España abandona la fotovoltaica, obtendrá un saldo económico negativo de 5.000 millones de euros hasta 2020 y perderá la oportunidad de disponer de unos 40.000 empleos estables y de calidad.
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