La discrepancia de pareceres, propuestas e iniciativas quedaron patentes durante las negociaciones mantenidas este verano con el Ministerio de Industria, sobre todo en las últimas reuniones del mes de julio. El 28 de julio AEF, sin informar a ASIF y APPA, con los que había participado esa misma mañana en una reunión con el gobierno, consigue una reunión “técnica” con altos cargos del Ministerio de Industria a la que acude en solitario sin informar de ello a las otras dos asociaciones con intereses en el sector fotovoltaico.
Esos encontronazos, que se pudieran entender como parte del cansancio/intensidad/dureza de una negociación a cara de perro con el gobierno, han quedado patentes de nuevo tras el dictamen de la CNE sobre la propuesta de Real Decreto del gobierno.
La Asociación Empresarial Fotovoltaica hacía público un comunicado en la tarde de ayer en el que decía “AEF valora positivamente determinados aspectos del informe, como la llamada a la seguridad jurídica, la eliminación del prerregistro solar fotovoltaico o el principio de no discriminación entre renovables para futuras normativas, al entender que responden a las demandas que el sector solar fotovoltaico viene haciendo desde hace cuatro meses”. Es decir consideraba aceptable el informe de la Comisión Nacional de la Energía.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica, a preguntas de Energías Renovables, se mostraba más cauta. “Sin conocer el informe de la CNE, ASIF no está en disposición de hacer una valoración sobre sus conclusiones”. Dicho en plata, hasta que no se lea el informe completo (es de suponer mucho más voluminoso que la nota informativa hecha pública por la CNE) no hará una valoración concreta y definitiva.
La única consideración de ASIF es que “respetando al máximo la independencia del organismo y de acuerdo a las alegaciones presentadas en su día, ASIF no comparte su apoyo a algunas de las propuestas del MITyC, como la repentina reducción de tarifas del 45% para el segmento de suelo y del 25% para tejados”.
AEF, mucho más explícita, no le gusta ni la reducción extraordinaria de tarifas ni la limitación de horas de producción. Ambas propuestas pondrían en peligro la capacidad de los promotores y productores de satisfacer sus compromisos con las entidades financieras ya que las “las condiciones de apalancamiento existentes equivalen, en términos generales, al 80% de los 23.000 millones de euros invertidos al amparo de las normativas aprobadas en las dos últimas legislaturas”.
En la parte positiva valora el criterio expresado por la CNE de “necesidad de transparencia y seguridad jurídica en la regulación porque así se garantiza la estabilidad económica del sector fotovoltaico y se evitan riesgos innecesarios para los compromisos financieros del país respecto a inversores nacionales e internacionales”.
La Asociación Empresarial Fotovoltaica bendice la recomendación de eliminar el prerregistro para instalaciones fotovoltaicas y se congratula de la existencia de subastas trimestrales o anuales mediante sobre cerrado. No podía ser de otra manera, puesto que fueron dos de las propuestas en las que AEF insistió durante la negociación con el Ministerio de Industria.
ASIF, sin nombrar a AEF, ha sido crítica con sus posicionamientos. En declaraciones a Energías Renovables, “lamenta que otros actores fotovoltaicos consideren positivos planteamientos que únicamente favorecen intereses muy concretos y contrarios a las necesidades del sector fotovoltaico español en su conjunto”.
