En esa carta, a la que ha tenido acceso Energías Renovables, el presidente de ASIF afirma que el Decreto 147/2009 aprobado por el gobierno de Cataluña para regular la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, en lo que se refiere a las últimas, “oficializa una práctica -y por tanto una política- que la Generalitat ha venido aplicando en los últimos cuatro años” que desde el sector “consideramos contraria” a la energía solar fotovoltaica.
El resultado de esa práctica, asegura la carta de Javier Anta, “ha tenido resultados negativos, como lo prueba el que los 160 MW fotovoltaicos instalados en Cataluña representan tan solo el 4,6% del parque fotovoltaico instalado en España, un porcentaje que nada tiene que ver con el peso territorial, poblacional y económico de la comunidad”. Las principales causas de esta situación se derivan de las dificultades que deben superar quienes intentan poner en funcionamiento un parque fotovoltaico, obstáculos relacionados con el tiempo de tramitación, el rechazo de proyectos o la limitación del tamaño de las plantas.
La Generalitat pide hasta simulaciones fotográficas
ASIF asegura que el sector sufre en Cataluña graves restricciones en cuanto a los lugares en los que pueden realizarse plantas solares en suelo. Así sus opciones son suelo no urbanizable y con una superficie máxima de 3 hectáreas, ampliable a 6 hectáreas en zonas contiguas a terrenos industriales, una opción inviable desde el punto de vista económico por su elevado precio. La limitación a 3 hectáreas, asegura ASIF, en la práctica “supone restringir a 1,5 MW el tamaño de las plantas fotovoltaicas” cuando la normativa estatal prevé y autoriza hasta 10 MW.
La carta de Javier Anta también se refiere a la complejidad en la tramitación de los proyectos, sobre todo en lo que se refiere a la evaluación del impacto paisajístico. El Decreto 147/2009 recoge en su artículo 26 la necesidad de que el proyecto vaya acompañado de “simulaciones fotográficas del lugar antes y después de realizadas las instalaciones, desde diferentes puntos de observación significativos”, entre otros requisitos.
Con este marco legal, asegura la Asociación de la Industria Fotovoltaica, que en Cataluña representa a 75 empresas asociadas, es previsible que se desincentive “el desarrollo empresarial, industrial y tecnológico del sector fotovoltaico en Cataluña” y se produzca un “grave retraso en la consecución de un modelo energético avanzado y moderno, basado en la sostenibilidad, la reducción de la dependencia exterior y la creación de riqueza y empleo”.
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