La CNE tiene de plazo hasta el próximo 8 de octubre para remitir al Ministerio de Industria su dictamen sobre un documento que el gobierno ha elaborado con el título: “Propuesta de Real Decreto por el que se regulan y modifican determinados aspectos relativos al régimen especial”.
En ese documento, que obra en poder de Energías Renovables, Industria explica a modo de preámbulo que el crecimiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes englobadas dentro del régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) ha sido muy importante en los últimos años. Ese dinamismo y una evolución tecnológica muy rápida implican la necesidad de determinadas modificaciones.
El texto del gobierno dice que “en la actualidad, aproximadamente el 25 por ciento de la energía eléctrica producida proviene de energías renovables. Estos hechos, unido a las características estructurales de nuestro sistema eléctrico, obliga a la implementación de requisitos técnicos adicionales para garantizar el funcionamiento del sistema y posibilitar el crecimiento de estas tecnologías”.
ASIF presenta alegaciones ante la CNE
A partir de las consideraciones generales, Industria aplica una serie de cambios que afectarían a las diferentes tecnologías. En julio el sector eólico y el termosolar acordaron las nuevas reglas del juego. No fue así en el caso fotovoltaico, enfrentado a las pretensiones del gobierno.
Ese descontento se ha convertido en una batería de alegaciones presentadas por la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ante la Comisión Nacional de la Energía. La asociación denuncia el “trato discriminatorio y sin fundamento” que sufre la tecnología fotovoltaica en la nueva normativa elaborada por Industria.
En las alegaciones enviadas a la CNE se denuncia que la nueva normativa establece que las plantas fotovoltaicas acogidas al RD 661 dejen de percibir la prima una vez cumplidos los 25 años de funcionamiento, cuando la legislación actual les permite que las sigan cobrando. Esta eliminación, asegura ASIF, sólo se aplica a la fotovoltaica y no a otras tecnologías como la eólica. En su opinión esta medida es “retroactiva” y susceptible de ser denunciada en los tribunales.
ASIF también se queja de que se obligará a las plantas fotovoltaicas a incluir mejoras técnicas para soportar los huecos de tensión. El problema es que tendrán que hacerlo sin las ayudas públicas que en si día recibieron los parques eólicos para afrontar modernizaciones similares.
En cuanto a emolumentos de futuro, la asociación fotovoltaica considera que una reducción del 45% en la tarifa de las instalaciones de suelo que se aplicaría a finales de 2010 significará la desaparición de ese segmento hasta que los módulos bajen de precio en la misma proporción. Para que eso suceda se tardará años. El problema es que la nueva norma elimina el actual cupo de flexibilidad que permite trasvasar la potencia asignada sobrante de una tipología de planta a otra, de suelo a tejado y viceversa.
En la práctica, según los cálculos de ASIF, la desaparición del mecanismo de flexibilidad y la reducción de las tarifas provocará una reducción del mercado fotovoltaico del 33%. Se pasará de los 500 MW anuales permitidos por el Ministerio de Industria a menos de 350 MW.
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